En 1999, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una reivindicación iniciada por el feminismo latinoamericano en memoria de las hermanas Mirabal. Minerva, Patria y María Teresa fueron asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.
El objetivo de este día no solo es llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar la implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática.
Los espacios en Internet, desde páginas hasta redes sociales, han brindado múltiples posibilidades para que las mujeres hagan oír su voz. Desde un hashtag para compartir experiencias hasta la difusión de imágenes para encontrar a alguna chica, el ámbito digital ofrece herramientas valiosas. El problema está en que las tecnologías suelen expresar la matriz ideológica de las sociedades que las originan y la web no es la excepción.
“La violencia hacia las mujeres es un problema que reviste de múltiples aristas y dimensiones y que se actualiza y ejerce de nuevas maneras a través del desarrollo de tecnologías digitales”, dice el reciente informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Un trabajo de 78 páginas que repasa la situación en Argentina y analiza la falta de políticas públicas sobre el tema.
“Es necesario considerar a la violencia hacia las mujeres en ámbitos online como lisa y llanamente violencia hacia las mujeres”, sostiene el informe y ejemplifica: “Muchos casos de acoso virtual y/o difusión no consentida de imágenes sexuales se generan en un contexto de violencia doméstica”.
Del análisis de la ADC surge que el panorama no es para nada bueno. En primer lugar, no hay estadísticas oficiales sobre esta problemática. El informe está basado en datos de la fundación Activismo Feminista Digital, que recibe y atiende denuncias relacionadas con el acoso en la web. “En una era en la cual el despliegue de las TIC [Tecnologías de Información y Comunicación] impacta en todos los terrenos de la vida de las mujeres, en la legislación argentina vigente la violencia de género en el entorno online no es debidamente contenida”, cuestiona el texto.
La fundación reúne datos de distintos organismos, aunque reconoce que estas estadísticas informales “no demuestran acabadamente la cantidad de violaciones a la intimidad y privacidad de las mujeres en Internet”. Más del 65% de las víctimas no realiza ninguna denuncia, porque no saben dónde hacerlo, no creen en la Justicia, temen represalias de parte de su agresor o incluso se sienten culpables de lo ocurrido.
A pesar de esas consideraciones, estas son algunas de las cifras que maneja Activismo Feminista Digital y que permiten ilustrar la situación:
– La franja etaria atacada de forma más severa es la que va entre los 22 y los 35 años, seguida por el segmento ubicado entre los 36 y los 45.
– Las denuncias por suplantación de identidad, calumnias e injurias, amenazas o violación de datos personales representan el 39,68% de las denuncias relacionadas con delitos cometidos a través de medios informáticos.
– En 2016, había entre cuatro y cinco denuncias diarias por robo/publicación de imagen y videos íntimos, viralizados principalmente en Facebook y sitios de pornografía.
Para Activismo Feminista Digital, las mujeres se encuentran “con una triple barrera” en lo que respecta a la violencia de género digital. No solo no hay una legislación penal que condene este acto, sino que los casos se desarrollan en el contexto de temor, humillación y violencia de la víctima, quien también se encuentra con un sistema que la cuestiona en lugar de recibirla y contenerla.
Actualmente existen algunas figuras legales relacionadas, como el grooming, como se denomina la acción que realiza un adulto a través de medios informáticos para establecer contacto con niños, niñas y adolescentes. También hay una serie de propuestas y proyectos de ley pendientes. Por ejemplo, una iniciativa para penar la pornovenganza -la difusión no consentida de contenido sexual o erótico en Internet- fue aprobada en el Senado y desde octubre espera tratamiento en la Cámara de Diputados.
