Los senadores provinciales de Salta sancionaron ayer la prórroga por dos años de la Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio salteño, por entender que todavía existe una deuda pendiente por parte del estado en esta cuestión.
“La prórroga de la ley de Emergencia Social por Violencia de Género tiene vital importancia porque mientras haya un solo femicidio o siga habiendo violencia, seguimos en deuda con la sociedad”, expresó la senadora por el departamento La Caldera, Silvina Abilés, tras la aprobación de esta ley.
Se trata de la sanción definitiva de la prórroga por dos años de la Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados de Salta y que pasará ahora al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.
“Sin lugar a dudas hemos avanzado mucho desde la sanción de esta ley, en 2014, hasta ahora, con la creación de distintos institutos, como los juzgados y las fiscalías de violencia, las oficinas de violencia, la creación del Observatorio de la Mujer y el Polo de la Mujer, pero todavía tenemos deuda pendiente y por eso se hace necesaria la prórroga de esta ley”, detalló la senadora.
La norma, sancionada en diciembre de 2014, faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar todas las acciones que estime conducentes para dar solución a la crítica situación por la violencia de género en Salta y a disponer la afectación e incorporación de las partidas presupuestarias necesarias para ello.
Esto, para promover en la comunidad la construcción de una cultura pacífica y libre de violencia de género, fortaleciendo medidas de sensibilización para la prevención y eliminación de la violencia de género; y fortalecer la aplicación de la Ley 26485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".
Además, busca garantizar la implementación de políticas públicas orientadas a enfrentar el problema de la violencia de género, desde un enfoque intersectorial y participativo, en los diversos niveles de gobierno, y elaborar un plan provincial de acción para la prevención, abordaje y erradicación de la violencia de género.
Asimismo, la ley intenta brindar acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y socio-laborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género y establecer una red de contención social y sanitaria entre el estado y organizaciones no gubernamentales especializadas en violencia de género.
A la vez, busca crear e implementar Hogares de Protección Temporal como instancias de tránsito y albergue de las mujeres víctimas y el sistema de botón antipánico, además de elaborar indicadores y estadísticas en la materia.
Asimismo, la ley estableció la creación de cinco juzgados de Violencia Familiar y de Género, y de un cargo de fiscal penal de Violencia de Género para el Distrito Judicial del Centro, junto a la creación, en el ámbito del Ministerio Público, de una Unidad de Evaluación de Riesgo en materia de violencia de género, conformada por un equipo interdisciplinario.
