El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso anular la resolución de la Cámara Nacional en lo Comercial que rechazó un recurso de la principal accionista de Correo Argentino S.A. contra la negativa de apartar a la magistrada que tramita el concurso preventivo.
La decisión que dejó "sin efecto" el rechazo del recurso de inconstitucionalidad de Socma Americana SA por parte de la Sala B de la Cámara y dispuso remitir el expediente a ese tribunal para que vuelva a pronunciarse sobre la admisibilidad del planteo, fue tomada por mayoría de tres a dos.
Mientras los jueces Santiago Otamendi (exsecretario de Justicia del Gobierno de Macri), Inés Weinberg (excandidata del gobierno de Macri para la Procuración General de la Nación) y Marcela De Langhe cuestionaron que el tribunal nacional no tuviera en cuenta precedentes de casos similares ni efectuó el "juicio de admisibilidad" del recurso, sus pares Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz consideraron que el planteo de Socma no reunía los requisitos para habilitar su intervención.
La cuestión que llegó a la máxima instancia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se suscitó en febrero último, cuando la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó, por tardía, el pedido de Socma para que la juez Marta Cirulli sea apartada del proceso sobre el concurso preventivo del Correo Argentino.
Unos días antes la misma Sala de la Cámara había desestimado un planteo de Socma, que, como accionista de la concursada, pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el trámite de recusación de la fiscal Gabriela Boquin, que también le resultó adverso.
Socma sostuvo que la magistrada de primera instancia había incurrido en prejuzgamiento y, al igual que en caso de la fiscal de cámara, actuaba con "parcialidad" y evidente animosidad, lo que fue negado por Cirulli al momento de producir su "informe" sobre su recusación.
Hace un par de semanas, la Sala B de la Cámara, integrada por Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dispuso que continuara la intervención judicial a la empresa, medida que Cirulli había tomado en marzo de 2020 cuando, para evitar "potenciales perjuicios a acreedores", ordenó el "desplazamiento total" de sus directivos.
Esa medida, dictada en el marco del proceso de "salvataje" de la empresa, había sido ordenada a requerimiento de Boquin, que contó con la adhesión del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, tras el fracaso de propuestas de acuerdo de pago a acreedores y denuncias de "vaciamiento".
