El líder mapuche volvió a protestar luego de que la Justicia Federal diera marcha atrás con la autorización para trasladarlo a una unidad penitenciaria de seguridad media, tras la objeción del Ministerio de Seguridad.
Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), reanudó una huelga de hambre líquida luego de que la Justicia Federal modificara su decisión inicial de permitirle el traslado desde la cárcel de Rawson a la de Esquel. El cambio de criterio se dio tras la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se opuso a la medida alegando que la unidad de destino no cuenta con las condiciones necesarias para alojar a un detenido considerado “de alto riesgo”.
El juez Gustavo Zapata había autorizado el traslado del líder mapuche en respuesta a un reclamo sostenido por su defensa, que pedía su reubicación para acercarlo a su familia residente en Bariloche. En aquel momento, la decisión judicial fue interpretada como una concesión al pedido humanitario del detenido, quien había iniciado una huelga de hambre líquida en reclamo de mejores condiciones de detención.
Sin embargo, la intervención de la Dirección Correccional del Ministerio de Seguridad cambió el rumbo del caso: el organismo advirtió que la Unidad 14 de Esquel, de régimen de seguridad media, no contaba con las medidas necesarias para garantizar un alojamiento seguro.
Ante esa observación, el magistrado resolvió revocar su decisión inicial y disponer que Jones Huala permanezca en la cárcel de Rawson, de máxima seguridad. El líder mapuche consideró la medida una “violación a sus derechos” y decidió retomar la huelga de hambre, anunciando que la sostendrá de manera indefinida hasta que se revierta la decisión judicial.
El Ministerio de Seguridad, a través del director del Régimen Correccional Gabriel Aquino, fundamentó su postura recordando los antecedentes de Jones Huala, entre ellos la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma casera. Además, destacó que el detenido no tiene domicilio fijo y que su perfil de liderazgo dentro de la RAM lo convierte en un interno con riesgo de fuga o influencia sobre otros reclusos.
La defensa, representada por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, calificó la medida como “un retroceso absurdo” y cuestionó que el juez haya priorizado criterios administrativos por sobre las garantías constitucionales. “El magistrado pone un reglamento por encima de los tratados internacionales”, denunciaron los letrados, que anticiparon nuevas presentaciones judiciales para revertir la decisión.
El traslado a Esquel, además de mejorar las condiciones de cercanía familiar, buscaba reducir el aislamiento del dirigente mapuche, quien está detenido preventivamente desde junio por una causa de asociación ilícita calificada. La Justicia mantiene su detención, al menos, hasta diciembre, aunque la defensa advierte que podría prolongarse durante los próximos dos años mientras se tramita el expediente por “delito complejo”.
Fuente: Minuto Uno
