La ordenanza se encuentra vigente desde 2020 y una buena parte de su contexto fue desmantelada.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y a cinco años del nombramiento impulsado por la marea verde, los movimientos feministas, que buscan respaldar el derecho adquirido, denunciaron que el brazo de la extrema derecha alcanzó con su motosierra a diversos aspectos.
Entre los recortes impulsados durante el Gobierno de Javier Milei, se vieron afectados la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, drogas que permiten llevar adelante el proceso de aborto no invasivo.
Con faltantes de las mencionadas en un total de 20 provincias del país, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género indicó que hasta mayo pasado “el Estado Nacional no adquiere ni distribuye insumos para IVE/ILE a las provincias”, decisión que fue confirmada por el Ministerio de Salud en febrero de 2025.
El lema, desde los inicios de las campañas que acuñaban esta ley, sostiene: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no Abortar. Aborto Legal para no morir”, sin embargo, se demostró que en los últimos años disminuyó la provisión de anticonceptivos o test de embarazo, entre las faltas de insumos básicos.
En línea, en abril de 2024, el Ministerio de Salud modificó el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (Programa ENIA) que se mostraba como un ejemplo a seguir en la región latinoamericana ya que aumentó un 22% la reducción de dichas concepciones.
Está “modificación” fue parte de los desmantelamientos estatales y, tal como se publicó desde fuentes oficiales, “se decidió finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos, correspondientes al Plan”, con el justificativo de que “nunca se concretó la delegación de las responsabilidades” en las provincias, cuando la política pública fue considerada emblemática.
En tanto, Amnistía Internacional compartió un extenso documento en donde denunció: “El gobierno nacional incorporó la lucha contra la llamada ‘ideología de género’ como eje central de su agenda política e institucional.
Así como se puso sobre la mesa el supuesto plan de “Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad”, que tal como indicó la organización, son “espacios que se presentan como lugares de contención, acompañamiento y asesoramiento a mujeres embarazadas, pero en realidad, operan como dispositivos de desinformación y disuasión para quienes quieren abortar”.
“Brindan información falsa o incompleta, exageran supuestos riesgos médicos y despliegan prácticas coercitivas e invasivas de la privacidad de las usuarias. Una estrategia deliberada que socava el rol del Estado como garante de derechos. Limita la posibilidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y proyectos de vida”, apuntaron desde Amnistía.
Cómo acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
El acceso al aborto debe ser seguro y gratuito, para esto, la persona puede acercarse al centro de salud, ya sea público o por obra social, donde deben brindar la información correspondiente.
La ordenanza establece un trato digno, que respecte las condiciones de la persona gestante, sin violencia, discriminación o coacción, incluso, ningún profesional puede obligar a escuchar los sonidos de la ecografía o acciones similares.
El respeto a la intimidad y la obligación para todo el personal de salud de resguardar la confidencialidad están dentro del artículo, nadie debe informar sobre la decisión a algún tercero, sin autorización.
Tal como indica el sitio oficial de “Aborto Legal”, para personas de entre 16 y 18 años, la legislación considera como personas adultas y autónomas para tomar las decisiones respecto a la salud y el cuidado del cuerpo, por lo que no se requiere de la asistencia de ninguna otra persona para acceder al derecho.
Entre 13 y 15 años, el sistema de salud considera la autonomía progresiva, es decir que si se trata de tratamientos en salud considerados no invasivos, no se necesita de otra persona para acompañar la firma del consentimiento informado.
Un aborto con misoprostol, no se considera una práctica invasiva. En cambio, en caso de necesitar una práctica considerada invasiva, se requiere la asistencia de una persona mayor de edad, de confianza, ya sea un familiar u otra persona.
Los pacientes menores de 13 años deben brindar el consentimiento junto a una persona mayor de edad de confianza.
En caso de incumplimiento, ya sea por demoras de los plazos, falta de turnos, malos tratos o cualquier violación a la ordenanza, la persona puede ponerse en contacto con la línea de salud sexual, 0800 222 3444.
Fuente: Noticias Argentinas
