La Comisión Provincial por la Memoria monitoreó 79 marchas: en 34 constató represión por parte del gobienro de Milei. Contabilizó 1.369 personas heridas.
El segundo año del gobierno de Javier Milei las acciones represivas a la protesta social se duplicaron, según el informe publicado por la Comisión Provincial por la Memoria. El organismo, que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, precisó que 4 de cada 10 movilizaciones públicas fueron reprimidas durante el último año y se incrementaron el número de detenidos y heridos, entre ellos, el caso del fotógrafo Pablo Grillo.
El CPM volcó el informe las tareas de monitoreo que desarrolló en 79 marchas, de las cuales 34 registraron hechos de represión, en comparación con 17 sobre un total de 60 monitoreadas en 2024. En esas movilizaciones, precisa el CPM, al menos 1.369 personas fueron heridas.
El informe hace un paréntesis especial para el caso de heridas de gravedad como la de Grillo y de Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, que perdieron la visión de uno de sus ojos por el impacto con balas de goma. Y resalta: “Se duplicó la cantidad de trabajadores de prensa heridos entre un año y otro y se cuadriplicaron la cantidad de heridos en adultos mayores ”.
El CPM señala también que se produjeron 165 detenciones arbitrarias, mientras que en el primer año de gobierno de Milei, y de protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, las detenciones fueron 93.
Represión sistemática pero selectiva
El informe no solo carga las responsabilidades sobre Milei y Bullrich sino también sobre el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. “Siguen incrementando la represión a la protesta social para disuadir el repudio callejero y malestar que generan las políticas socioeconómicas de la gestión del Estado nacional”, sostiene el CPM.
Y agrega que la represión “ha sido sistemática, pero selectiva” sobre los movimientos sociales, sindicales y políticos para “limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”.
En ese sentido, el informe realiza una caracterización: “Durante el primer año de gobierno de Javier Milei el objetivo principal de la represión fueron las movilizaciones con fuerte componente de las organizaciones sociales o piqueteras. En el segundo año el blanco pasaron a ser las agrupaciones de jubilados que se movilizan los miércoles frente al Congreso”.
El documento no solo precisa la cantidad de trabajadores de prensa, jubilados --155 casos-- y niños y adolescentes --5 casos-- heridos en la represión sino también habla de las defensoras y defensores de derechos humanos, que monitoreaban las manifestaciones, y que también fueron alcanzados por la represión --20 casos--.
Sobre el despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad, el informe detalle el armamento utilizado contra los manifestantes:
- armas con postas de goma, disparadas a quemarropa o escasos metros contra el rostro o torso;
- gas pimienta o irritante, lanzado a corta distancia en el rostro de personas seleccionadas arbitrariamente;
- disparos cinéticos con gas pimienta o químicos realizados con pistolas o escopetas Byrna;
- granadas de gas lacrimógeno lanzado con escopetas;
- agua a presión lanzada por camiones hidrantes;
- golpes con bastones y tonfas contra los manifestantes
La cuestión de las detenciones arbitrarias
En cuanto a las detenciones arbitrarias, el informe precisa que aumentaron un 77 por ciento. Del total de 258 detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad federales y de CABA en estos dos años, 165 se produjeron en 2025 superando las 93 del 2024. En la mayoría, producidas durante la desconcentración de las manifestaciones para imputar a las personas con figuras delictivas como atentado y resistencia a la autoridad o daños.
El informe también denuncia la realización de tareas de inteligencia ilegal relevadas en un 69 por ciento de las marchas y la portación de armas de fuego con balas de plomo, prohibidas para estos ámbitos, que fueron relevadas en el 78 por ciento de estos operativos.
“El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos por parte del presidente es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos”, sostiene el informe y agrega que “este posicionamiento está lejos de inscribirse en las tolerables diferencias y perspectivas que pueden darse en una democracia plural”.
El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos por parte del presidente es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos El menosprecio recurrente al rol del Estado como garante de derechos por parte del presidente es un claro indicador de la orientación del actual gobierno en materia de derechos humanos
Fuente: Diarios Bonaerenses
