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El Gobierno avanza en su estrategia por los derechos soberanos sobre Malvinas


La estrategia política y diplomática fijada por el Gobierno para la cuestión Malvinas tuvo esta semana avances "muy significativos", según la Cancillería, con la sanción de leyes para afianzar la soberanía nacional sobre las islas, aguas del Atlántico Sur y su espacio marítimo circundante, y una nueva resolución de la ONU que instó a la Argentina y al Reino Unido a retomar el diálogo para una "solución pacífica y definitiva" a la controversia.

Desde el inicio de su gestión, el presidente Alberto Fernández se propuso desterrar la política de "baja intensidad" -como la definió el propio canciller Felipe Solá- que la administración de Mauricio Macri le imprimió a la causa Malvinas y ubicó al reclamo soberano como un tema prioritario en su agenda de gobierno.

Con ese objetivo, decidió reflotar la secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur -creada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner y desactivada por el gobierno de Cambiemos- y nombró a Daniel Filmus como su titular.

Bajo instrucciones del jefe del Estado, el Palacio San Martín dejó sin efecto el denominado pacto Foradori–Duncan, firmado por los vicecancilleres de Argentina y el Reino Unido en el 2016 y que significó "uno de los hechos más lesivos para los intereses nacionales y el histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas", según lo definió Filmus.

Esta semana, la estrategia política y diplomática trazada por el Gobierno para Malvinas tuvo dos avances, que la Cancillería juzga "muy significativos", tanto en el orden interno como en el ámbito de los organismos multilaterales, donde Solá se propuso desde un principio intensificar el reclamo soberano sobre las islas.

El Gobierno obtuvo la aprobación por unanimidad de ambas cámaras del Congreso de dos de las tres leyes ideadas por el Ejecutivo para afianzar la soberanía nacional sobre las aguas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante.

A esto se sumó una nueva resolución del Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) que volvió a instar a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones para "encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía".

En la Cancillería asumieron ese pronunciamiento como un avance en el propósito, hecho explícito por Solá, de "sacar a Inglaterra de la zona de confort" de la que -consideran- gozó durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri.

Filmus destacó el "apoyo unánime" de los 29 países miembros del C24, muchos de ellos integrantes del Commonwealth, que "acompañaron la posición argentina de buscar una salida diplomática", al diferendo con el Reino Unido.

El secretario ponderó el "trabajo diplomático" de la Cancillería que "permitió que por consenso unánime una vez más el Comité de Descolonización apoyara la resolución 2065 (XX)", pero lamentó que "una vez más el Reino Unido mire para otro lado, y a pesar de ser miembro fundador de la ONU e integrante del Consejo de Seguridad, no escucha el reclamo de diálogo".

Ahora, la "diplomacia global" desplegada por el Palacio San Martín tiene su foco puesto en obtener el apoyo de otros organismos internacionales: Argentina buscará el respaldo de la Celac y en la próxima reunión conjunta de la OEA y el G77+China, que se realizará en paralelo a la reunión anual de la Asamblea General de la ONU, en septiembre, en la ciudad de Nueva York.

El miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y convirtió en ley los proyectos de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y el que establece los límites exteriores definitivos de la plataforma continental argentina, más allá de las 200 millas.

Para Filmus, el "consenso" logrado en ambas cámaras parlamentarias evidenció "la madurez de la dirigencia política argentina sobre la necesidad de convertir a Malvinas en una política de Estado, que trascienda los calendarios electorales y a los vaivenes de los gobiernos de turno".

"Si uno repasa lo que ocurrió desde el retorno de la democracia en adelante se da cuenta que cada gobierno siguió estrategias distintas", reflexionó y agregó: "hay que pensar que el Reino Unido siempre especuló con las diferencias internas que tuvimos sobre Malvinas para aprovechar y ubicarse en una situación de comodidad".

El Gobierno espera en los próximos días avanzar en la integración del Consejo, que tendrá el objetivo diseñar e implementar políticas de Estado para efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes.

Como paso previo, Alberto Fernández junto al canciller Solá y el secretario Filmus tienen previsto la semana próxima promulgar esas leyes, una vez que el Congreso informe formalmente su aprobación.

El órgano estará encabezado por el presidente de la Nación y lo integrarán el canciller y un diputado y un senador elegidos por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en cada una de las cámaras.

Además del gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Gustavo Melellan, dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia y un representante de los ex combatientes de Malvinas.

La ley de demarcación es considerada por la Casa Rosada una herramienta central en la "protección de los derechos de soberanía sobre la plataforma continental y sus recursos (en hidrocarburos, minerales o pesca sedentaria que pertenecen a los 45 millones de argentinos y argentinas", indicó Filmus.

Esta norma, según el funcionario, tiene además una "enorme relevancia" en la oportunidad de "exploración y explotación de las inconmensurables riquezas que existen en el lecho y subsuelo del mar", a la vez que "incrementará la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones".

Ahora el Ejecutivo espera una rápida sanción del tercer proyecto de ley, de modificación del Régimen Federal Pesquero, que busca endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en aguas argentinas y que es discutida en la Comisión de Asuntos Marítimos, de la Cámara baja.