El Gobierno de Entre Ríos y distintos gremios de la provincia no lograron alcanzar hoy un acuerdo en el marco de la audiencia que mantuvieron, y será la Justicia la que decidirá sobre la medida cautelar interpuesta por el Frente Gremial de la provincia, que considera "inconstitucional" la ley de emergencia aprobada en el distrito.
La audiencia en el juzgado 4 de Paraná, a cargo de Elena Albornoz, tuvo al ministro de Economía, Hugo Ballay y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, en representación del Gobierno entrerriano y a representantes de los cuatro sindicatos que integran el Frente gremial.
El Frente lo integran la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio docente mayoritario; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Los sindicatos solicitaron una "urgente reapertura de la discusión salarial" y la derogación de tres artículos de la ley de Emergencia, además de otras medidas sobre partidas, aportes y recursos.
"La posibilidad de más recursos para el Estado no puede salir de trabajadores jubilados y activos" dijo a la prensa el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, y pidió "una reforma tributaria que vaya por los sectores concentrados de la economía".
La ley de emergencia tiene una vigencia de un año con opción a una única prórroga de seis meses, suspende la aplicación de "todos los dispositivos de actualización de haberes" y establece que los próximos aumentos serán "dispuestos por el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias".
Respecto al sistema previsional, decreta un aumento de aportes de activos a la Caja de Jubilaciones que comprenderá a quienes perciban más de $75.000 y que va de un 16% hasta un 22%; y un "aporte solidario extraordinario" en jubilaciones superiores a $75.000.
El fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, había asegurado que la norma "se encuadra dentro de la denominada Doctrina de la Emergencia".
"Las medidas deben ser razonables, limitadas en el tiempo, y no una mutación de la sustancia o esencia de la relación jurídica", continuó Rodríguez Signes y aclaró que el Estado "está facultado para sancionar las leyes que considere convenientes".
Por su parte, desde ATE destacaron hoy que "después de nueve meses, finalmente el Ejecutivo provincial convocó a paritaria salarial" para el próximo jueves 24 de septiembre.
"Creemos que la organización y la unidad de trabajadores es el camino, y exigimos una propuesta concreta que subsane la pérdida del poder adquisitivo", aseguraron en un escrito.
Como el Frente Gremial y el Gobierno mantuvieron sus posturas, no se desarrollará una nueva audiencia, y la jueza Albornoz deberá decidir sobre el pedido gremial de suspender los descuentos interpuestos por la ley de emergencia.
