El personal de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (Faspegybio), que encabeza Pedro Milla, finalmente acató esta tarde la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el conflicto por reclamos salariales, pero la cartera laboral la impuso esta noche para el sector privado de la actividad hidrocarburífera, que lidera Guillermo Pereyra.
La cartera que encabeza el ministro Claudio Moroni había dictado anoche por un período hábil de 15 días la Ley 14.786 de conciliación obligatoria, que los petroleros que conduce Milla no acataron en un principio, lo que recién hicieron bien entrada esta tarde luego de una inspección laboral.
El paro había sido decidido por tiempo indeterminado en reclamo de la discusión paritaria 2019 y comenzó a la 0 en refinerías y depósitos de crudo.
"La Cámara de la Industria del Petróleo (CIP) no recompuso la paritaria del año anterior y adeuda un 13,5 por ciento", había dicho Milla, quien señaló que la protesta afectaría el abastecimiento de combustible en la provincia.
La medida de fuerza no involucró ni afectó a las tres refinerías de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que funcionaron normalmente.
En tanto, Trabajo dictó esta noche la conciliación obligatoria -también por un período hábil de una quincena- en el conflicto salarial entre dos cámaras patronales y el Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que lidera el ex secretario adjunto de la CGT Guillermo Pereyra.
"No se entiende la decisión de Trabajo, porque el gremio no ingresó en ningún conflicto colectivo sino individual a partir de las deudas que, por aportes realizados a los trabajadores y no depositados, mantienen las empresas con el sindicato y su obra social", señaló anoche Pereyra en declaraciones a Télam.
El dirigente sindical explicó que "no hay conflicto colectivo, pero el gremio acatará la resolución ministerial"; aseguró que "las patronales retienen el dinero de los trabajadores y no lo depositan" y dijo que de esa forma "incumplen las leyes".
"Los empresarios no abonan los aportes retenidos y adeudan al gremio más de 800 millones de pesos. El sindicato exige la inmediata apertura de la paritaria de este año, el pago del 16,2 por ciento de la negociación 2019 y la reactivación plena de la actividad, de la que son responsables", observó.
El dirigente sindical exigió a las patronales "el cumplimiento de la totalidad de los compromisos asumidos" y aclaró que su gremio nunca firmó "un acuerdo sino un preacuerdo que amerita correcciones", aunque enfatizó que la organización no convino la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), por lo que "las compañías deben abonar la totalidad de los salarios".
El gremialista repudió el accionar de las dos cámaras privadas (especiales y operadoras) y detalló que "la paritaria expiró el 31 de marzo último, pero sus directivos se niegan a negociar, lo que constituye una total práctica desleal".
"De esa forma, las empresas violan las Leyes 14.250 y 23.551 de paritarias y Asociaciones Sindicales, lo que no genera confianza entre los trabajadores. La excusa es siempre la ausencia de acuerdo entre ellas. No reconocen la deuda de 2019, no convocan a la negociación de 2020 y, mientras tanto, otros gremios ya pactaron una mejora del 30 por ciento, lo que es discriminatorio", denunció.
Pereyra se declaró anoche "en libertad de acción" al vencimiento del nuevo período de conciliación obligatoria y acusó a las cámaras patronales del crudo de "operar en los medios de prensa solo para dividir y quebrar al sindicato".
"Los patrones denunciaron supuestas extorsiones ante el intento del sindicato de cobrar las deudas que no pagan. Son 800 millones de pesos, lo que provocará el colapso de la obra social del gremio, la mejor del país. Esta gente no entiende otra cosa que las acciones y las protestas gremiales", concluyó Pereyra.
Las conciliaciones obligatorias de Trabajo para el gremio de refinerías y depósitos de Milla (actividad downstream), y el de yacimientos de Pereyra (actividad upstream) fueron dictadas por 15 días y tienen alcance nacional.
