El interventor del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en la ciudad de Villa Mercedes, Juan Piturra, pidió anoche que la Cámara de Senadores de la provincia de San Luis “se expida favorablemente” en el desafuero del legislador y gremialista Ariel Rosendo, sobre quien pesa un procesamiento y pedido de detención.
En diálogo con Télam, Piturra consideró que los legisladores debían "ser coherentes con la ley" sobre violencia de género” que habían sancionado en la legislatura provincial.
“Además del delito de robo a la sede gremial, probado por el juez de la causa, se agrega el peligro de vida de la ex mujer del senador, por lo que la justicia le dictó una orden de restricción que también violó”, señaló.
Piturra recordó que el senador Rosendo fue procesado por “robo doblemente calificado por efracción o fractura, en poblado y en banda, en perjuicio de SMATA “, y que luego fue apartado de la conducción gremial en agosto de 2019 por “irregularidades administrativas”.
El interventor se refirió también a la situación de la exesposa de Rosendo, Ivanna Massimino, quien denunció al senador por violencia de género.
Nos preocupa, mucho la situación de su ex esposa”, agregó y explicó, que el gremio de SMATA le permitió quedarse en la propiedad que ocupaba junto a Rosendo en Villa Mercedes, luego de su separación “porque ella manifestó que no tenía adonde ir y necesitaba tiempo para rearmar su vida”.
Nunca pensamos que el senador iba a “forzar la entrada de la vivienda y se iba a alzar con objetos materiales de propiedad del gremio como consta en la causa, violentando, nuevamente la seguridad de la mujer y los bienes de SMATA.
“Uno de los abogados del senador dio a conocer públicamente la dirección donde se resguardaba (la denunciante) y debimos buscarle otro lugar para preservar su integridad física”, contó el interventor.
Al respecto, se sintió "extrañado" ante el hecho de que “las senadoras de la provincia no ejerzan empatía con esta mujer” y que el resto del cuerpo se niegue a que Rosendo "sea tratado como un ciudadano común luego de haber robado y violado una orden de restricción de acercamiento que también se paga con cárcel”.
"Desde nuestro gremio nos sentimos como víctimas de intimidaciones desde que comenzó este caso y mientras no se resuelva, vivimos en la incertidumbre de saber que estamos ante una persona que no acata su condición judicial”, finalizó.
