Presentada por el gobernante partido socialista (PSOE), la ley contó con el respaldo de 198 diputados, frente a los 138 (Partido Popular y Vox) que votaron en contra, y 2 abstenciones.
La ley sería aprobada de forma definitiva a principios del año próximo.
La ley es considerada muy garantista y establece que solo podrán solicitar la eutanasia las personas que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.
Para poder acceder a la eutanasia, el paciente deberá pedirla hasta en cuatro ocasiones, dos de ellas por escrito, y en ningún caso la podrán solicitar la familia o el entorno de la persona enferma, indicó la agencia de noticias ANSA.
El proceso de la eutanasia, que se podrá realizar en el domicilio, en un centro sanitario y en una residencia de mayores, será supervisado por una comisión, y los profesionales de la salud tendrán derecho a la objeción de conciencia.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defendió durante el debate que el 80% de la sociedad, según los últimos sondeos, apoya despenalizar esta práctica.
La eutanasia comenzó a ser objeto de debate en España en los años 90, cuando el tetrapléjico Ramón Sampedro intentaba sin éxito que le ayudaran a quitarse la vida.
"Como sociedad, no podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento intolerable que padecen muchas personas; España es una sociedad democrática lo suficientemente madura como para afrontar esta cuestión", afirmó Illa.
El PP y Vox pidieron cuidados paliativos como alternativa "justa, útil y oportuna" a la eutanasia, una ley "injusta, inoportuna, chapucera e inconstitucional".
Para el conservador PP, esta ley es "una derrota para todos, un fracaso del sistema sanitario y de la sociedad", afirmó José Ignacio Echániz.
Lourdes Méndez, del partido de extrema derecha Vox, acusó a los diputados que apoyaron la ley de "instaurar la industria de la muerte".
La socialista María Luisa Carcedo respondió en el debate que el Estado "ni impone ni obliga", pues la eutanasia es una decisión autónoma del paciente. "La ley habla de "humanidad, empatía y compasión", añadió.
La norma deberá pasar por el Senado y en las primeras semanas de 2021 entraría en vigencia.
España se convertirá así en el sexto país del mundo con una normativa sobre el tema después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda.
