Familiares, amigas e integrantes de organizaciones feministas realizaron hoy una concentración y marcha para pedir el esclarecimiento de la muerte de Florencia Magalí Morales, de 39 años, ocurrida hace un año y medio en una celda de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, a 180 kilómetros al norte de la capital puntana.
Según la denuncia de su familia, se trató de un femicidio y no de un suicidio como declararon los policías involucrados en la causa.
El abogado de la familia de Morales, Calderón Salomón, señaló a Télam que "las últimas pericias han revelado que es imposible que se piense en un suicidio, y la justicia tiene sobradas pruebas científicas que estamos frente a un homicidio que debe llevar la carátula de femicidio agravado por perspectiva de género y desprecio de género".
Hasta ahora la causa lleva la carátula de "Averiguación Muerte".
Los asistentes a la marcha responsabilizaron por la falta de esclarecimiento del hecho a la Policía de San Luis, al Gobierno provincial y al Juez Jorge Pinto, quien, según dijeron, "dilató con múltiples maniobras la investigación judicial e intentó cerrar la confusa causa con la carátula de suicidio".
El escenario de la protesta fue la plaza de Santa Rosa, frente a la comisaría, dónde las manifestantes, en su totalidad mujeres, pegaron en el frente de la comisaría carteles con las leyendas" A Florencia la mató la policía", "Nadie se suicida en una comisaría" y "policías asesinos".
Se leyeron comunicados en dónde nombraron a los cuatro efectivos policiales que estaban de servicio el día que detuvieron y murió Florencia Magalí Morales, quienes están en libertad:: Reynaldo Heraldo Clavero, Marcos Dionisio Ontiveros, María Eugenia Argüello, Johana Paola Torres.
También las organizaciones feministas que se manifestaron enfatizaron que les ha llamado la atención "el silencio del Poder Ejecutivo Provincial ante este femicidio ocurrido en una dependencia que es responsabilidad del Estado".
El 5 de abril del 2020, Morales salió en bicicleta para comprar alimentos destinados a sus dos hijos y su nieta, todos menores de edad.
Fue detenida por los efectivos de la comisaría de Santa Rosa del Conlara argumentando que "circulaba en contramano y no le correspondía salir de su domicilio por la terminación del documento".
En ese momento estaba en vigencia el ASPO y regían las salidas por terminaciones pares e impares.
La mujer fue conducida a una celda de la comisaría, y el paso siguiente, a las pocas horas de la detención, fue llamar a sus familiares que residen en Mendoza para que viniesen a retirar el cuerpo de Florencia de la morgue, ya que se había "suicidado", según comunicó el comisario Reynaldo Heraldo Clavero.
A partir de ese momento se ha recorrido un largo camino judicial que ha sido objetado por los familiares de la víctima.
Por este caso hubo un pronunciamiento de la ONU y la secretaría de Derechos Humanos de la Nación interviene como querellante.
