La Cámara Federal porteña revocó hoy los procesamientos a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta "asociación ilícita" en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
Pero mantuvo el procesamiento de Majdalani por presunto "incumplimiento de deberes" por no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la AFI procesados por supuesto espionaje ilícito.
La decisión fue adoptada por una mayoría conformada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de su colega Edurado Farah, a través de un fallo que fue cuestionado desde el oficialismo nacional, en el cual abrevan varias de las víctimas de espionaje que adelantaron a Télam que apelarán la resolución.
"Todos sabíamos que el pase de la megacausa por espionaje ilegal a Comodoro Py se promovió para garantizar la impunidad a Mauricio Macri y sus cómplices, pero debo confesar que la desfachatez de dos mentirosos contumaces, como es el caso de los Camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, traspasa todos los límites no sólo morales sino jurídicos que uno pueda imaginar", sostuvo el diputado nacional Lepoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de Inteligencia.
"Muy sueltos de cuerpo en su fallo sostienen que no hubo una estructura dedicada al espionaje ilegal, sino que existió 'cuentapropismo', usando este argumento para revocar los procesamientos dictados contra Gustavo Arribas y 28 imputados más que habían sido procesados en primera instancia. El eje de este fallo hecho a pedido, es que Macri y los directivos de la AFI no tenían conocimiento de esta actividad ilegal y por lo tanto no formaban parte de una asociación ilícita. Reitero, mienten a sabiendas", enfatizó.
En el fallo de 213 páginas, los jueces Llorens y Bertuzzi aseguraron que es débil la hipótesis que sostiene que hubo una asociación integrada por funcionarios de distintos organismos del Estado organizada para el espionaje ilegal y, por el contrario, refirieron que hubo espías de menor jerarquía que violaron la ley de inteligencia actuando de acuerdo a motivaciones personales.
Mantuvieron, sin embargo, procesada a Majdalani, conocida en la jerga como la "señora 8", por presunto "incumplimiento de deberes" a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
En el mismo fallo, los jueces confirmaron la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, quien actualmente se desempeña como legislador porteño.
Llorens y Bertuzzi entendieron que no hubo "un plan sistemático organizado desde las más altas estructuras del gobierno para espiar a opositores, políticos, periodistas y otras personalidades", como se postuló en la acusación de los fisclaes Cecilia Invardona y Santiago Eyherabide y en el fallo con el que había dispuesto los procesamientos el juez Juan Pablo Auge, antes de que el caso pasara a Comodoro Py.
En cuanto al espionaje ilegal a detenidos en causas por supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el voto mayoritario consignó que esas "tareas de seguimientos y observación" en algunos casos contaban con orden judicial y en otros estuvieron justificados por "seguridad interna".
Por ello, también revocaron el procesamiento y dictaron la de mérito al ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, entre otros beneficiados con esta decisión como la exfuncionaria de Presidencia, Susana Martinengo, quien supo reunirse con varios de los espías procesado en la Casa Rosada y recibió de ellos información.
"Sólo se pudo comprobar que algunos estamentos medios del SPF (Servicio Penitenciario Federal) recolectaban información de manera ilícita. Aquí tampoco se ven muestras del plan único, lineal y coordinado que concibió el juez, sino que lo producido podía tener distintas finalidades", sostuvieron los camaristas.
Es decir, la Cámara dio por probado que hubo un grupo de agentes de la AFI y también del SPF (una minoría en este caso), cuyos procesamientos quedaron confirmados por violación a la Ley de Inteligencia, actuó por "intereses personales" y usó "recursos" del Estado de manera ilegal, pero descartó que hubieran trabajado de forma organizada o respondiendo a órdenes de sus superiores jerárquicos.
La hipótesis de que las maniobras de espionaje ilegal fueron obra de un grupo de personas que actuaban según sus propios intereses y sin responder a órdenes de sus superiores es la misma que esbozó públicamente el expresidente Mauricio Macri cuando se refirió a los integrantes del grupo Súper Mario Bross (por su propia identificación en whatsapp) como "cuentapropistas".
Los espías cuyo procesamiento fueron confirmados son ex integrantes de la Policía Metropolitana, abogados y algunos miembros del Servicio Penitenciario Federal que, según el fallo del tribunal de apelaciones, reunían información ilegal para extorsionar o intimidar a sus víctimas. Todos dependían de "manera directa" de Majdalani, quien según la Cámara omitió controlarlos y por eso quedó procesada por presunto "incumplimiento de deberes".
En los casos concretos del espionaje al Instituto Patria y la casa de la querellante vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, los jueces concluyeron que no hubo delito porque se actuó "con orden judicial", aunque la Cámara Federal de La Plata ya había confirmado los procesamientos antes de que la causa pasara a Comodoro Py.
El Tribunal de Apelaciones sí confirmó los procesamientos de un grupo de ex agentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25.520, en relación a maniobras de espionaje ilegal.
Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Andrea Fermani y de Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, del SPF.
En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal resolvió en marzo pasado que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.
La sala II de la Cámara, integrada para esta causa por dos jueces de otra sala, la I, Bertuzzi y Llorens, resolvió siete incidentes presentados en la investigación que se llevó adelante en el juzgado federal de Lomas de Zamora y ahora quedó a cargo del juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
