Los familiares de varias víctimas del tiroteo en el colegio primario de la ciudad de Newtown lograron hoy un acuerdo histórico con el fabricante de armas Remington por su responsabilidad en la tragedia en la que 20 alumnos de entre seis y siete años fueron asesinados a tiros por un joven de 20 años.
Las familias de nueve de estas víctimas recibirán una indemnización de 73 millones de dólares por parte de Remington, el fabricante del rifle que Adam Lanza utilizó para matar a 26 personas en el colegio en diciembre de 2012.
Esta histórica decisión de la Justicia estadounidense se produjo después de un prolongado litigio legal en el que la defensa de las víctimas denunciaron a Remington, declarado en bancarrota desde entonces, por comercializar sus productos de manera irresponsable entre jóvenes de riesgo a través de su publicidad en videojuegos, informó la cadena NBC.
Dos años después de la matanza, en 2014, las familias denunciaron a Remington y tras altibajos judiciales por la inmunidad federal que se ofrece a los fabricantes de armas en Estados Unidos, en 2019 la Corte Suprema del estado readmitió un proceso centrado en la publicidad del arma utilizada por Lanza, que también mató a su madre y se suicidó.
El fabricante de armas fue ampliamente criticado en septiembre de 2021, unos meses después de que su oferta de conciliación fuera rechazada por las familias al intentar sin éxito acceder a informes académicos y de asistencia de los docentes y de cinco de los niños asesinados.
«No tenemos explicación de por qué Remington ha pedido al Distrito de Escuelas Públicas de Newtown los registros académicos, de asistencia y disciplinarios de estos cinco escolares de jardín de infancia y de primer grado», cuestionó el abogado de las víctimas, Joshua Koskoff.
«Estos registros no pueden excusar la atroz conducta de publicidad de Remington, ni servir de ayuda para estimar los catastróficos daños de lo ocurrido. La única parte relevante de este historial de asistencia es que estaban en sus escritorios el 14 de diciembre de 2012″, remarcó entonces Koskoff.
Durante el proceso, los abogados de las familias argumentaron que la publicidad del rifle semiautomático utilizado, el Bushmaster AR-15, violó la legislación estatal, ya que se dirigía a consumidores civiles pero por sus características sería solo adecuado para uso por parte de personal militar y policial.
