La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, consideró que “la gente ve lejana la posibilidad de que la espíen”, pero “estamos todos en peligro” porque “no hay estado de derecho”,
al referirse al sistema de reconocimiento facial de prófugos del
Gobierno porteño, que el pasado martes fue suspendido por la justicia
tras detectar un uso ilegal del mismo.
“La gente tiene otros problemas y no le parece algo grave el espionaje porque cree que esto no le va a pasar. La gente ve lejana la posibilidad de que lo espíen, pero estamos todos en peligro porque no hay estado de derecho”, afirmó Caamaño este sábado en declaraciones a Radio 10.
El martes pasado, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tras detectar un supuesto uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una
batería de medidas de prueba que incluyó el secuestro de computadoras y
dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en
el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio
de Barracas.
Al respecto, la interventora de la AFI señaló que “el
espionaje ilegal es parte de la naturaleza de ellos. No importa cómo se
llamen Pro, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Siempre espían”, sentenció.
“A pedido de un juez, las cámaras son bien usadas y está buenísimo que
haya muchas cámaras porque pueden detectar justamente a las personas
prófugas o en otros casos pueden detectar a personas cometiendo un
ilícito o poder trazar un recorrido utilizando bien las cámaras”,
advirtió Caamaño.
Pero, aclaró: “Ellos –el macrismo- siempre
terminan dándole un uso ilegal. Terminan ilegalizando lo legal, porque
las cámaras están bien, ya sea cuando lo agarran in fraganti y lo van a
llevar ante el juez o en el caso del que el juez pida que se fijen por
donde estuvo una persona”.
“Sin embargo, ellos hacen algo ilegal
desde que (Mauricio) Macri era jefe de Gobierno porteño. Siempre
terminan haciendo algo ilegal que en el principio es legal”, aseveró.
Caamaño además resaltó que “es muy raro” la situación de espionaje ilegal a propios socios políticos porque “entre los espiados está (Gerardo) Morales, (Elisa) Carrió y Patricia Bullrich”.
Al ser consultada sobre las razones por las que los integrantes
políticos de Juntos por el Cambio no se van del espacio tras ser
espiados por sus propios socios, Caamaño recordó la frase del
expresidente Macri: “Cuando dijo ’quien saca los pies del plato
desaparece’ era literal”.
“Yo ya dije que el gobierno de Cambiemos había sido mafioso por todo lo que había hecho con la Agencia Federal de Inteligencia”, apuntó.
Asimismo, Caamaño consideró que en el macrismo “deben tener grabaciones, filmaciones y escuchas de todos y entonces lo puede decir así tan tranquilamente”.
Al finalizar, la interventora de la AFI aseguró que “con el presidente
Alberto Fernández estamos en un estado de derecho pleno y se respetan
todas las garantías”.
En la resolución judicial, el juez Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado
para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas
de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales consultadas por Télam señalaron que el sistema de
monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a
solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las
Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la
Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran
unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo,
entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos
realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una
cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos
por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida
judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
