La Justicia porteña suspendió este martes el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
Fuentes judiciales señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas
de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña
fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de
individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a
partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en
ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la
información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos
acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las
imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de
todos los ciudadanos.
Un dato relevante para la investigación es
que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del
Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el
convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la
gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad
porteño.
Según especialistas en informática que conocen el
expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de
un procedimiento conocido como 'request' de información que se conecta
automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto
digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico:
cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que
emite la información y la que la recibe.
En el informe
elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre
abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos
y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de
CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces);
la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el
diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo
"Wado" De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo
Fernández (12 veces).
También fueron migrados los datos
de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3
veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y
Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.
La lista
incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales
(una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la
exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2
veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl
Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una
vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial,
Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).
Entre los periodistas que
pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento
facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron
migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6
veces) y Eduardo Feinmann (9 veces).
La lista contiene también
empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de
Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).
En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo
estaba autorizada a extraer datos biométricos "siempre y cuando se
tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia".
Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos,
muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por
la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo
haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las
entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo
presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina
(ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos
biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la
administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y
responder en la Justicia.
"El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo
de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril
de 2019 a marzo de 2022", aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.
En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático
Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada
en el expediente "surge que ha habido un uso indebido de los datos
biométricos", y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa
cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.
"A
qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos,
pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial", puntualizó Pomar.
Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde
el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta
de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del
juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa
cartera "no son exclusivamente por contraste con el sistema de
reconocimiento facial".
"Responden a una pluralidad de
trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna
irregularidad", manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo
D'Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de
datos biométricos, "devuelve la foto y los datos del DNI" pero no
"ubicaciones ni nada de eso". Además, señalaron que "el reconocimiento
facial no está funcionando desde abril de 2020".
La suspensión
del sistema de reconocimiento facial que ordenó este martes el juez
Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2000, luego de
que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS,
más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre-
presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso
Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control
ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones
discriminatorios para realizar los mapas biométricos.