Roe vs. Wade, y la legalización del aborto en Cuba en 1961 fueron los primeros antecedentes de este derecho en el continente.
El tema, uno de los que desata más resistencia en sectores conservadores chilenos, recobró fuerza estos días en el debate político del país que el 4 de septiembre celebrará un plebiscito para aprobar o no una nueva Carta Magna, un giro político fundamental logrado tras las colosales movilizaciones del estallido social iniciado en octubre de 2019 .
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH y expresidenta chilena, Michelle Bachelet, calificó el fallo de "golpe a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género", y "supone un gran paso atrás después de cinco décadas de protección de la salud sexual y reproductiva", recordó la agencia de noticias AFP.
Desde el viernes el tema copa programas de TV y radio, además de las redes sociales en Chile, donde proliferan las acusaciones cruzadas y noticias falsas (fake news) .
La imagen de la congresista demócrata estadounidense de origen portorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez en las manifestaciones contra decisión de Tribunal, parafraseando la presentación del grupo chileno Las Tesis y recitando "El patriarcado es un juez. Que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo. Es la violencia que no ves" fue reenviado miles de veces en perfiles de Twitter e Instagram de usuarios chilenos.
La potente ola feminista que surgió en Chile en los últimos años
logró, además de conformar un equipo con fuerte presencia femenina en
el Gobierno del presidente Gabriel Boric, incluir el derecho al aborto
en la nueva Constitución, que de ser aprobada en septiembre pondría a ese hasta ahora conservador país, a la vanguardia mundial en la materia.
Se
trata de una discusión que todavía divide aguas, aunque ahora enmarcada
en una situación muy distante de los tiempos en que la Iglesia Católica
imponía su veto a discreción.
Una encuesta de la
consultora Ipsos de septiembre del año pasado mostró que 73% de los
chilenos aprueba el derecho al aborto en general y 41% considera que
debería ser completamente libre.
Tras varias pulseadas
al interior de la Convención Constituyente de 154 miembros, que presentó
el texto que será sometido a referendo, quedó incorporado el artículo
16 que afirma que el Estado "garantizará el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos sin discriminación".
Será "con enfoque
de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la
información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones
requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con
capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción
voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos".
La
norma no establece un plazo, lo que centró los ataques desde la campaña
por el rechazo, desde donde afirman que permitirá "el aborto libre
hasta los 9 meses".
"Esto no solamente atenta contra
los derechos humanos del niño por nacer, porque aquí ya no solamente se
permite el aborto en tres causales o el aborto en las primeras semanas
de embarazo, como lo hacen todos los países del mundo. Seríamos el único
país que promueve y que permite un aborto hasta los nueve meses de
embarazo", dijo el senador Felipe Kast de la conservadora Evolución
Política (Evópoli).
Kast, sobrino del excandidato
presidencia José Antonio Kast, es acusado de "difundir fake news" sobre
el tema y realizar propaganda por la opción Rechazo en el plebiscito, expresada fuera del plazo establecido por la ley.
Los
dichos de Kast gatillaron varias respuestas en redes, como la del
excandidato presidencial y líder del Partido Progresista (PRO) Marco
Enríquez-Ominami, quien le preguntó "¿hasta cuándo va a mentir?" y
retrucó que "el aborto a los nueve meses se llama parto".
Al
terminar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) Chile era un país
que arrastraba grandes retrasos en materia de derechos civiles: criminalizaba
las relaciones homosexuales "entre varones" hasta 1999, no tuvo una ley
de divorcio vincular hasta 2004, mientras grupos ultraconservadores
como el Opus Dei ejercían una fuerte influencia sobre la población
católica.
Recién en 2017, en medio del creciente descrédito en
las instituciones y con la Iglesia debilitada por escándalos de
pedofilia, el país aprobó la despenalización del aborto bajo tres
causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.
Sin
embargo, el estallido social que vivió el país a partir de octubre de
2019, con millones de personas buscando tumbar un modelo que pese a ser
una referencia en América latina, tenía cifras de inseguridad
alarmantes, trajo también aparejado reivindicaciones más profundas de
los derechos sexuales y reproductivos.
En medio de la
presión social, el expresidente Sebastián Piñera, aprobó el matrimonio
homosexual en 2021 y los chilenos dieron una amplia mayoría a Boric, quien durante su campaña se mostró inequívocamente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
De
aprobarse la nueva Carta Magna, Chile sería uno de los primeros países
del mundo en incluir el aborto en este texto fundacional, a la
par de Francia, donde el partido en el poder, apoyado por el Gobierno,
busca presentar en breve un proyecto de ley en ese sentido.