Con un total de 19 puntos en el orden del día, adelantando el horario habitual de las 19:30 horas los ediles sesionaron de forma ordinaria por décima vez en el año. En esta oportunidad se abordaron distintos ejes temáticos que rondaron la seguridad, obra pública, tránsito, educación, salud, transporte, entre otros.
Uno de los puntos que mayor debate generó en el recinto de sesiones en la tarde de ayer, fue un proyecto impulsado por el bloque de Juntos por el Cambio donde se solicitaba al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires deje sin efecto el protocolo que permite la utilización de teléfonos celulares a los reclusos en las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Después de un largo debate, el punto resultó aprobado con 17 votos afirmativos y una abstención de la edil Graciela Pilone.
Pilone argumentó su postura en que se debe trabajar arduamente en ciberseguridad, cuyas fallas existen "lamentablemente dentro y fuera de la cárcel". Al respecto mencionó un hecho delictivo reciente mediante el cual un balcarceño fue víctima de una extorsión y además de amenazas, cuyos autores no se encontraban recluidos en ningún penal. "Todos los días tenemos que lamentar este tipo de delitos, pero dentro y fuera de la cárcel", expresó la concejala del Frente de Todos.
Esta abstención fue duramente criticada por el autor del proyecto, el macrista Sebastián Pinilla. En su argumento de presentación, el concejal del oficialismo repasó cronológicamente cómo fue que a raíz de las medidas restrictivas impuestas por la cuarentena en el marco de la pandemia del coronavirus la mayoría de los países del mundo permitieron el uso de celulares por parte de detenidos en centros penitenciarios para poder estar comunicados con sus familiares, ya que las visitas y por ende el contacto físico estaban restringidos.
Continuó asegurando que con esta medida adoptada comenzó una ola de inseguridad que tenía como orígenes las cárceles. "Delitos como el de amenaza, secuestros virtuales y extorsión han habido por cientos de miles y Balcarce no ha sido ajeno a ello", manifestó Pinilla. Posteriormente arremetió contra Pilone diciendo que en todos los años que lleva ocupando una banca en el Concejo Deliberante muy pocas veces fue testigo del rechazo a un pedido de comunicación. "La concejal Pilone está rechazando que nosotros hagamos un pedido", espetó el referente del PRO en Balcarce, justificando el proyecto en cuestión con que se trata de "un simple pedido a nuestro gobernador y por su intermedio al Ministerio de Justicia para que saquen los celulares de las cárceles". No dando descanso a los golpes que asestaba, el concejal enunció mirando a los ojos a su interlocutora que "en seguridad no hay grises: ante el silencio se comunica, con un 'sí' se comunica, con un 'no' se comunica. O se está del lado de los delincuentes o se está del lado de proteger a nuestros vecinos".
La edil Pilone no se quedó atrás y corrigió al legislador preopinante remarcándole que en el proyecto presentado, en uno de sus artículos se solicita que se deje sin efecto el protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de los internos del servicio penitenciario. "Este protocolo justamente es el que debe ordenar, disciplinar y restringir el uso de los celulares en las cárceles", expuso, al tiempo que agregó que "lo prohibitivo no tiene eficiencia ni eficacia", mencionando como ejemplo los casos de drogadicción y prostitución dentro de los penales.
El cierre del debate estuvo a cargo de Sol Di Gerónimo, quien inició su alocución asegurando que "ninguno de nosotros está en situación de filosofar respecto del derecho penal; se mezclaron un montón de cosas y salieron para cualquier lado". Adelantando que iba a acompañar el proyecto presentado por el macrismo consideró que al momento de analizarlo se tuvo en cuenta que, más allá de las responsabilidades y conocimientos procesales de quienes son abogados, en el recinto cumplen un rol político de concejales representando a la población, y advirtió que "esperemos que este proyecto no haya sido para la tribuna, para quedar bien con la gente". Sin tapujos Di Gerónimo expresó que "es un tema serio, y con esto no se jode". En esa línea les pidió coherencia a los legisladores del oficialismo al momento de tratar temas de seguridad, y les recordó el caso de Federico Sasso, detenido en 2018 por la muerte de Lucía Bernaola de 14 años de edad: "Cuando Sasso estaba preso en el calabozo de la comisaría local, nosotros fuimos los que pedimos en su momento al gobierno de turno que tomara cartas en el asunto porque no solo tenía teléfono celular, jugaba a los videojuegos, podía salir", dijo con una sonrisa irónica, finalizando con que "una cosa son los derechos y otra los privilegios".
Este punto del día, que parecía iba a ser uno más de los 19 que se debatieron, se extendió prácticamente por una hora y fue aprobado con 17 votos positivos y una abstención.
