El fiscal federal Diego Luciani reanudó su alegato final en el juicio oral por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados.
Ante el Tribunal Oral Federal 2 la fiscalía abrió la tercera jornada de su alegato, que estará dedicada a continuar con el análisis de las 51 licitaciones que según la acusación se habrían direccionado a favor de empresas del también juzgado Lázaro Báez.
El juicio se realiza de manera semipresencial y -salvo la Vicepresidenta, que obtuvo autorización para no presenciar esta audiencia por motivos de su agenda parlamentaria en el Senado Nacional- estaban conectados por Zoom los restantes imputados.
Luciani comenzó a analizar la licitación número 19 de 2006 y, luego, avanzó en las siguientes, en una exposición de la que también participará su colega el fiscal Sergio Mola, en la audiencia que durará toda la jornada.
"El proceso cada vez estaba más aceitado, el aparato ilegal seguía funcionando cada vez mejor", opinó el fiscal al exponer sobre la licitación número 20 que se hizo por 24 millones de dólares, al valor en esa época de la divisa extranjera, recordó.
"Con la maquinaria que tenía Austral nunca podría haber realizado este proyecto", sostuvo sobre la empresa "Austral Construcciones" de Báez.
En la primera jornada de alegatos, el pasado lunes, la fiscalía anticipó que acusará por supuesta asociación ilícita y defraudación a los 13 imputados.
Durante toda la semana, referentes del Frente de Todos y funcionarios de la coalición gobernante expresaron mensajes de apoyo a la Vicepresidenta a través de las redes sociales, reunidos con la etiqueta #TodosConCristina.
El jueves, organismos de derechos humanos expresaron su solidaridad con Fernández de Kirchner, y denunciaron que existen “prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos”.
También el jueves el Grupo de Puebla, el foro que nuclea a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos de signo progresista, advirtió que la Vicepresidenta es víctima de una "guerra jurídica (lawfare)" y consideró que el juicio es "un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos".
