El presidente de Perú, Pedro Castillo, se defendió de una serie de acusaciones adelantadas por los medios locales en las que se apunta que un exasesor habría confirmado que el mandatario recibió sobornos, en momentos de turbulencia para su Gobierno y con un Congreso que busca destituirlo por tercera vez.
El exasesor presidencial Bruno Pacheco, que el martes pasado se entregó a la Justicia tras estar 100 días prófugo, dijo a la Fiscalía que Castillo recibía dinero en un maletín del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, según la cadena Panamericana Televisión.
Según Pacheco, Silva pedía al presidente el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo al frente de la empresa estatal Petroperú, recogió la agencia de noticias Europa Press.
De acuerdo con las declaraciones del exasesor, el presidente recibió casi 7.800 dólares, mientras que él mismo había percibido casi 3.800 dólares.
Castillo, por su parte, rechazó "tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama señalando que habría recibido una 'recompensa' de 30 mil soles".
"Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía", concluyó.
El abogado del presidente, Benji Espinoza, también recriminó que las informaciones no hayan sido corroboradas, pero dijo que el mandatario "está sereno", recogió la emisora peruana RPP.
"La situación sigue siendo la misma y es inalterable: una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos, una cosa son las afirmaciones y otra cosa lo que se comprueba, se acredita y se confirma", manifestó Espinoza a los medios de comunicación.
Al día de hoy "no hay ningún hecho acreditado" en contra de Castillo, enfatizó.
El prófugo que se entregó
El martes pasado, Pacheco se entregó a la Justicia tras más de 100 días prófugo y permanecerá detenido mientras es investigado por corrupción en el seno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía sostiene que tanto el presidente como su exasesor, prófugo de la Justicia durante más de tres meses, habrían sido miembros de esta organización, la cual se habría dedicado a entregar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.
Las investigaciones de la Fiscalía se dan en paralelo al asedio de la oposición en el Congreso, en el inicio de su segundo año de Gobierno.
La oposición, que no logró los votos necesarios, 87 entre 130 congresistas, en los dos intentos de destitución presidencial, busca un tercero con el reiterado argumento de “incapacidad moral permanente” derivada de supuestos hechos de corrupción que lo rodean.
Los supuestos hechos se refieren a sobornos para Castillo a cambio de darle a una empresa la construcción de un puente y comprarle biodiesel a otra, a obstrucción a la justicia por ocultamiento de testigos, a intervenciones ilegales en ascensos en el Ejército y la Policía y a un plagio en la tesis universitaria del ahora presidente.
