El 17 de octubre, la UE adoptó sanciones contra la policía de la moral y once dirigentes, entre ellos el ministro de Telecomunicaciones, acusándolos de la represión de las manifestaciones desatadas tras la muerte de Amini luego de haber sido detenida por esa rama de la Policía por supuestamente haber violado las normas de vestimenta.
En represalia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció en un comunicado sanciones contra ocho instituciones y 12 personas radicadas en Europa por "apoyar a grupos terroristas, incitar a la violencia, y provocar disturbios, violencia y actos terroristas" en Irán.
En la lista negra iraní figuran The International Committee in Search of Justice (ISJ), la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) y las versiones en persa de la cadena pública alemana Deutsche Welle y la francesa Radio France International.
Entre los sancionados se encuentran parlamentarios, políticos europeos y dos responsables del periódico alemán Bild.
Las sanciones incluyen la prohibición de visado y la "incautación de sus bienes y activos en el territorio bajo la jurisdicción de Irán", dijo la Cancillería iraní en el comunicado, informó la agencia de noticias AFP.
Irán se vio sacudido por las protestas desde la muerte, el 16 de septiembre, de la joven kurda de 22 años, tres días después de haber sido detenida en Teherán por la policía de la moral, presuntamente por haber incumplido el estricto código de vestimenta del país islámico, que prevé el uso del velo en público.
Decenas de personas, principalmente manifestantes, pero también miembros de las fuerzas de seguridad, murieron durante las manifestaciones. Cientos más, incluidas mujeres, fueron arrestadas.
Activistas cifran los fallecidos en más de 210. Los medios estatales de Irán dicen que fueron unos 60, entre ellos más de 10 policías.
Centenares de descontentos fueron apresados y el Gobierno no suministró la cifra global de las detenciones desde el 16 de septiembre.
El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, acusó a Estados Unidos, el Reino Unido e Israel de instigar las protestas.
El lunes último, más de 300 personas fueron acusadas de haber cometido distintos delitos durante su participación en la ola de protestas, entre ellas cuatro que podrían ser condenadas a muerte.
Según el fiscal de Teherán, Ali Salehi, 315 personas están acusadas de "reunión y conspiración contra la seguridad del país", de "propaganda contra" el poder y de "alteración del orden público".
"Cuatro alborotadores fueron inculpados bajo la acusación de ser enemigos de Dios", un cargo contemplado por la legislación del país islámico y que conlleva la pena de muerte, añadió Salehi.
También se los acusa de haber "utilizado un arma para aterrorizar a la sociedad y al pueblo, herido agentes de seguridad, incendiado y destruido bienes públicos y gubernamentales, con el objetivo de atacar el sistema sagrado de la República islámica de Irán".
Las autoridades aducen que el deceso de Amini se produjo por una falla cardíaca, pero organismos de derechos humanos locales e internacionales lo atribuyen a la violencia policial.
Días atrás, los familiares de Amini reclamaron una nueva autopsia, en disidencia con la versión oficial.
