Ana, la mujer que fue criminalizada, encarcelada y liberada en agosto pasado luego de haber tenido un aborto espontáneo, contó a Télam que no sale de su casa de Corrientes por miedo al estigma en su pueblo, un testimonio que pone voz a la de otras 1.532 con causas penales por la misma situación.
Hubo diálogos previos con ella vía WhatsApp hasta que aceptó hacer la entrevista telefónica con la agencia Télam.
"Es que ayer fue mi cumpleaños, y no estaba muy bien por todo lo me pasó", se excusa en el inicio del diálogo.
Lo que "le pasó" fue que estuvo ocho meses presa en una comisaría de su ciudad, en Corrientes, después de tener un aborto espontáneo.
Nunca hubo pruebas que dijeran lo contrario, por eso, luego de atravesar un juicio fue liberada por la justicia el 5 de agosto de este año.
Lo que "le pasó" fue que estuvo esposada un día entero luego de haber sido intervenida en un hospital donde no le explicaron la práctica médica, sin saber porqué estaba detenida, en medio del maltrato verbal de un enfermero, y con un custodio varón.
"Policías y médicos hablaban entre ellos y no me decían nada", contó en el primer reportaje que dio a Clarise Sánchez Soloaga, editora de Género del diario República de Corrientes, donde relató en detalle sus días privada de libertad.
Ahora, en el inicio de su nuevo año, luego de su cumpleaños 31, la charla es sobre su presente y sus planes.
"Estoy mejor, pero desde que salí -de la cárcel, palabra que nunca nombrará en la entrevista- no salgo de casa, no voy a caminar, no salgo a la calle", cuenta.
Nació y vivió toda su vida en la misma ciudad correntina. Es ese, su lugar, ella dice: "No me siento para salir, siento que todos me miran".
¿Alguien te hizo comentarios que te molestaron, te lastimaron?, es la pregunta, a la que ella responde: "No, pero nunca salgo. Hubo gente que me ayudó, pero otras dijeron cosas que no son, repitieron cosas que no son".
Es que, una vez libre, su hija de 11 años llegó de la escuela llorando por "lo que decían de su mamá" algunas de sus compañeras y compañeros de clase.
Entonces, la mamá de Ana fue a hablar con las maestras de la escuela donde también estudia su hijo de 6 años.
"Se portaron bien, hicieron una reunión con los padres para que se cuiden de lo que dicen, porque los chicos repiten lo que escuchan en la casa", reflexiona Ana.
Su criminalización injusta también le impide ir a la plaza con su hija y su hijo.
"Tengo miedo que digan algo; si me enfrentan a mí no me importa, pero no quiero que mis hijos pasen por eso", dice.
Ella, junto a su hija, su hijo, su mamá, su papá, sus dos hermanos adolescentes, sus hermanas y sus amigas atraviesan el estigma, el mismo que viven, al menos, otras 1.532 mujeres que tienen causas penales por aborto y otras 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2020.
Belén es otra de las mujeres que fue criminalizada. La joven tucumana, quien estuvo injustamente presa por un aborto espontáneo, deseaba en una entrevista con Télam publicada el 9 de diciembre de 2020, cuando se debatía en el Parlamento el proyecto que se convirtió en la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que "ninguna mujer tenga que pasar" por lo que ella pasó.
Hubo diálogos previos con ella vía WhatsApp hasta que aceptó hacer la entrevista telefónica con la agencia Télam.
"Es que ayer fue mi cumpleaños, y no estaba muy bien por todo lo me pasó", se excusa en el inicio del diálogo.
Lo que "le pasó" fue que estuvo ocho meses presa en una comisaría de su ciudad, en Corrientes, después de tener un aborto espontáneo.
Nunca hubo pruebas que dijeran lo contrario, por eso, luego de atravesar un juicio fue liberada por la justicia el 5 de agosto de este año.
Lo que "le pasó" fue que estuvo esposada un día entero luego de haber sido intervenida en un hospital donde no le explicaron la práctica médica, sin saber porqué estaba detenida, en medio del maltrato verbal de un enfermero, y con un custodio varón.
"Policías y médicos hablaban entre ellos y no me decían nada", contó en el primer reportaje que dio a Clarise Sánchez Soloaga, editora de Género del diario República de Corrientes, donde relató en detalle sus días privada de libertad.
Ahora, en el inicio de su nuevo año, luego de su cumpleaños 31, la charla es sobre su presente y sus planes.
"Estoy mejor, pero desde que salí -de la cárcel, palabra que nunca nombrará en la entrevista- no salgo de casa, no voy a caminar, no salgo a la calle", cuenta.
Nació y vivió toda su vida en la misma ciudad correntina. Es ese, su lugar, ella dice: "No me siento para salir, siento que todos me miran".
¿Alguien te hizo comentarios que te molestaron, te lastimaron?, es la pregunta, a la que ella responde: "No, pero nunca salgo. Hubo gente que me ayudó, pero otras dijeron cosas que no son, repitieron cosas que no son".
Es que, una vez libre, su hija de 11 años llegó de la escuela llorando por "lo que decían de su mamá" algunas de sus compañeras y compañeros de clase.
Entonces, la mamá de Ana fue a hablar con las maestras de la escuela donde también estudia su hijo de 6 años.
"Se portaron bien, hicieron una reunión con los padres para que se cuiden de lo que dicen, porque los chicos repiten lo que escuchan en la casa", reflexiona Ana.
Su criminalización injusta también le impide ir a la plaza con su hija y su hijo.
"Tengo miedo que digan algo; si me enfrentan a mí no me importa, pero no quiero que mis hijos pasen por eso", dice.
Ella, junto a su hija, su hijo, su mamá, su papá, sus dos hermanos adolescentes, sus hermanas y sus amigas atraviesan el estigma, el mismo que viven, al menos, otras 1.532 mujeres que tienen causas penales por aborto y otras 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2020.
Belén es otra de las mujeres que fue criminalizada. La joven tucumana, quien estuvo injustamente presa por un aborto espontáneo, deseaba en una entrevista con Télam publicada el 9 de diciembre de 2020, cuando se debatía en el Parlamento el proyecto que se convirtió en la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que "ninguna mujer tenga que pasar" por lo que ella pasó.