Se trata de la ordenanza 25.590, que está en vigencia desde septiembre pasado, por la que se habilitaron 200 metros en la Avenida 10 de febrero, donde se instalaron cámaras de vigilancia, rondines de la patrulla municipal y módulos de contención de desarrollo social, para que las "trabajadoras sexuales" ofrezcan sus servicios.
"Quién más capacitado está para hacer efectiva la tutela de este grupo postergado, que el organismo que el Estado Nacional ha creado (Comite contra la Trata) con conocimientos específicos en la materia y que con su accionar pretende prevenir este tipo de delitos", expresó en un comunicado el fiscal general Daniel Eduardo Adler.
El juez federal Alfredo López había resuelto rechazar el amparo presentado para que se decrete la inconstitucionalidad de la ordenanza que crea la “zona roja”.
En el marco de la apelación contra esta decisión Adler dictaminó, luego de un pormenorizado análisis de la normativa vigente, que el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas ha sido investido con autonomía y facultades suficientes para tutelar la afectación de derechos de unos de los grupos más vulnerables y perseguidos.
Vera sostuvo en su presentación que la cuestionada ordenanza municipal es contraria a derecho y que afecta a los derechos humanos más fundamentales que se encuentran amparados por convenciones internacionales, muchas de las cuales detentan rango constitucional.
Además, señaló que un municipio no puede echar por tierra todos los tratados internacionales, las leyes nacionales y la política de Estado para combatir la trata de personas en sus diferentes modalidades.
