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| Columna de opinión, por Facundo Rey*. |
Como es de público conocimiento, el gobierno local puso a la venta 102 lotes de propiedad municipal. Esto lo hizo a través de una ordenanza que establece la metodología, los requisitos, la ubicación y el valor por metro cuadrado ($6000, en este caso).
Ésta practica de vender tierras públicas no es nueva y el actual gobierno lo viene haciendo sin poder explicar muy bien por qué se venden bienes inmuebles (lotes, muchos de ellos de gran valor y excelente ubicación) que pertenecen a todos los balcarceños y las balcarceñas para cubrir gastos corrientes e invertir en propiedad de un tercero (el mirador), y el resto no se sabe a dónde fue ni cuánto es lo que se cobró y cuánto lo que se adeuda.
La subasta pública realizada de trece (13) lotes de propiedad municipal y la venta directa de sesenta y tres (63) lotes de propiedad municipal, en el marco de las ordenanzas 03/19; 54/19; 147/19 correspondientes al ejercicio 2019 fueron cuestionadas por el Honorable Tribunal de Cuentes correspondiente al expediente 4-008.0-2019/ ejercicio 2019, por catalogar como necesidad especial a cada inscripto sin ser informado en los informes socioeconómicos, además de la falta de realización del sorteo que preveía el art. 9 de la ordenanza.
Estas y otras tantas cuestiones, como la desadjudicación de un lote en Villa Laguna Brava (luego de que el tema tomara estado público) vendidos a través de subasta a un valor inferior al tasado por la oficina municipal y pagado al precio de base, a dos cónyuges (uno a cada uno), los cuales eran convivientes y uno de ellos propietario del inmueble en que vivían cuando la ordenanza 03/19 en su artículo 5 requería no poseer otro inmueble en nuestra provincia.
Sería de tranquilidad para todos y todas que el intendente, antes de salir a vender 102 lotes en un año electoral, y con los antecedentes que tiene, explique; no solo a un sector político ni a un dirigente sino que rinda cuentas sobre la política que lleva adelante con la venta de tierras públicas.
La mera venta de lotes no implica una política de vivienda, se deben generar las condiciones para la construcción. Ya pasó con la venta de otros lotes donde tuvieron que modificar la ordenanza 54/19 y quitarle el requisito de construcción, por lo que la norma perdió su esencia. Además, pasados 5 años, el adquirente puede vender el lote -según dice la ordenanza-, y esa venta sería a un valor de mercado lo que haría que obtenga un beneficio muy oneroso. Esto se conoce comunmente como negocio inmobiliario, no como la política de un gobierno para resolver un problema habitacional real en la sociedad.
Es sumamente necesario que al ser lotes subsidiados por el Municipio, es decir, con el aporte de todos y todas, se extremen las medidas de transparencia tal como lo remarcó el Honorable Tribunal de Cuentas.
Vale remarcar también que, en casi ocho años de gestión, no se construyó una sola vivienda. ¿Estamos resolviendo problemas de la sociedad o mejorando el patrimonio de unos pocos?
Ésta practica de vender tierras públicas no es nueva y el actual gobierno lo viene haciendo sin poder explicar muy bien por qué se venden bienes inmuebles (lotes, muchos de ellos de gran valor y excelente ubicación) que pertenecen a todos los balcarceños y las balcarceñas para cubrir gastos corrientes e invertir en propiedad de un tercero (el mirador), y el resto no se sabe a dónde fue ni cuánto es lo que se cobró y cuánto lo que se adeuda.
La subasta pública realizada de trece (13) lotes de propiedad municipal y la venta directa de sesenta y tres (63) lotes de propiedad municipal, en el marco de las ordenanzas 03/19; 54/19; 147/19 correspondientes al ejercicio 2019 fueron cuestionadas por el Honorable Tribunal de Cuentes correspondiente al expediente 4-008.0-2019/ ejercicio 2019, por catalogar como necesidad especial a cada inscripto sin ser informado en los informes socioeconómicos, además de la falta de realización del sorteo que preveía el art. 9 de la ordenanza.
Estas y otras tantas cuestiones, como la desadjudicación de un lote en Villa Laguna Brava (luego de que el tema tomara estado público) vendidos a través de subasta a un valor inferior al tasado por la oficina municipal y pagado al precio de base, a dos cónyuges (uno a cada uno), los cuales eran convivientes y uno de ellos propietario del inmueble en que vivían cuando la ordenanza 03/19 en su artículo 5 requería no poseer otro inmueble en nuestra provincia.
Sería de tranquilidad para todos y todas que el intendente, antes de salir a vender 102 lotes en un año electoral, y con los antecedentes que tiene, explique; no solo a un sector político ni a un dirigente sino que rinda cuentas sobre la política que lleva adelante con la venta de tierras públicas.
La mera venta de lotes no implica una política de vivienda, se deben generar las condiciones para la construcción. Ya pasó con la venta de otros lotes donde tuvieron que modificar la ordenanza 54/19 y quitarle el requisito de construcción, por lo que la norma perdió su esencia. Además, pasados 5 años, el adquirente puede vender el lote -según dice la ordenanza-, y esa venta sería a un valor de mercado lo que haría que obtenga un beneficio muy oneroso. Esto se conoce comunmente como negocio inmobiliario, no como la política de un gobierno para resolver un problema habitacional real en la sociedad.
Es sumamente necesario que al ser lotes subsidiados por el Municipio, es decir, con el aporte de todos y todas, se extremen las medidas de transparencia tal como lo remarcó el Honorable Tribunal de Cuentas.
Vale remarcar también que, en casi ocho años de gestión, no se construyó una sola vivienda. ¿Estamos resolviendo problemas de la sociedad o mejorando el patrimonio de unos pocos?
* Exconcejal por el Frente de Todos, responsable en Balcarce de Peronismo Militante.
