La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Gaillard, inició esta mañana el examen de los doce expedientes que obran en su poder y que aportan elementos para evaluar el presunto “mal desempeño” de los cuatro integrantes del alto tribunal: Horacio Rosatti (su presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Hacia afuera, el Frente de Todos (FdT) y la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) reafirmaron sus posturas a favor y en contra, respectivamente, de la idea de enjuiciar a la Corte. El oficialismo ratificó que tiene los números para avanzar en el debate, mientras que JxC se mantuvo firme en su rechazo y señaló que la mayoría oficialista no alcanza para, efectivamente, concretar el jury.
A pesar de la dificultad numérica, en el oficialismo hay quienes creen que vale la pena avanzar para mantener el tema en la agenda. Desde el gobierno, y especialmente desde el sector kirchnerista, azuzan la denuncia a todos los niveles (incluso, esta semana, en la ONU) del lawfare. El diputado y sindicalista Hugo Yasky sostuvo esta postura: “Esperamos que sea un proceso esclarecedor para la ciudadanía”, dijo.
Entre las voces opositoras estuvo la del diputado mendocino Omar de Marchi, quien calificó a la iniciativa como “una puesta en escena y un circo”. No faltó quien dijera que es el kirchnerismo el que debería ser sometido a juicio político (el diputado proísta Alejandro Finocchiaro, que advirtió: “Ustedes van a pagar muy caro esta ofensa”).
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman advirtió: “A los dos bloques mayoritarios (el FdT y JxC) les conviene discutir el juicio político, en lugar de los problemas económicos”. Enumeró cuestiones que quedaron por debajo de este tema en la agenda pública, como “el ajuste brutal que está llevando adelante Sergio Massa” o la Ley de Humedales.
El jueves que viene, los autores de los distintos proyectos para enjuiciar a los miembros del Supremo expondrán ante la comisión. Se trata de los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, de la senadora Juliana Di Tullio y de los particulares Antonio de Martino, Ricardo La Greca, Patricia Isasa, Diego Sánchez y Pablo Llonto.
