El texto, que elimina las sanciones penales para las organizaciones que rescaten personas en altamar, establece que las embarcaciones humanitarias ya no podrán deambular por el Mediterráneo llenas de personas en búsqueda de naufragios sino que deberán avisar a las autoridades italianas luego de cada rescate que efectúen.
Los barcos humanitarios, asegura el decreto-ley, deberán entonces dirigirse de inmediato al puerto asignado para hacer descender a las personas rescatadas.
La comisaría para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, había pedido a Italia que retire la norma aprobada en diciembre "para garantizar que el texto cumpla plenamente con las obligaciones del país en virtud de los derechos humanos y el derecho internacional".
"Lo que la nueva ley pretende evitar es la actividad sistemática de recuperación de migrantes en las aguas frente a las costas de Libia y Túnez para traerlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación", planteó el Ministerio del Interior italiano en una nota enviada a Mijatovic y dada a conocer hoy por la cadena pública Rai.
Con el nuevo marco legal, que incluye hasta la confiscación de las naves que no cumplan las disposiciones, los comandantes que hagan los salvatajes deberán comunicar a las personas rescatadas los procedimientos para el pedido de asilo vigentes en los países de bandera de cada barco.
Según el ministerio del Interior italiano, "el modus operandi de las ONGs cae fuera de los casos previstos por las convenciones internacionales sobre salvamento marítimo".
En ese marco, la cartera que conduce el prefecto Matteo Piantedossi sostuvo que "la asignación de los puertos del centro y norte de Italia a los barcos de las ONGs que han rescatado a los migrantes está guiada por la necesidad esencial de operar una redistribución más equitativa entre las regiones, no tanto de los migrantes, sino de las cargas organizativas y logísticas relacionadas con la gestión de los desembarques".
