(RT) - Colombia se enfrenta a un nuevo escándalo después de que Caracol Radio difundiera las interceptaciones telefónicas de dos individuos, que demostrarían que civiles utilizaron munición del Ejército contra los manifestantes, en las revueltas que se vivieron en el país durante el paro nacional de 2021.
Los dos hombres, padre e hijo, fueron arrestados el 25 de enero de 2023 en Cali y se les acusa de ser integrantes de una red de tráfico de armas en el Ejército Nacional. Algunas de las comunicaciones entre ambos fueron difundidas por el medio colombiano.
Las conversaciones fueron interceptadas en el marco de esa investigación, en la que la Fiscalía tiene evidencias de la conformación de grupos de autodefensa para repeler a indígenas y a jóvenes de la llamada Primera Línea, que participaban en el paro nacional durante el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022).
Esas organizaciones, compuestas por civiles, habrían sido financiadas por terceros y actuaron especialmente en Cali, donde se vivieron las protestas más violentas que se saldaron con decenas de muertos y heridos.
Según Caracol Radio, la Policía local y otros funcionarios sabían de la existencia de esos grupos y no hicieron nada para detenerlos.
"La posición frente a los fenómenos de estallido social que hubo entre 2019 y 2021 estuvieron en la perspectiva de tratamiento del enemigo interno, de tratamiento por vía de la represión, del terror estatal y paraestatal y no fueron casos aislados", sostiene Jaisón Murillo Pachón, coordinador de la marcha patriótica de Bogotá.
Murillo relata que ya en su momento se difundieron y denunciaron grabaciones de interceptaciones entre policías, que "efectivamente coordinaron la manera en que reaccionaron de manera violenta asesinando e hiriendo a decenas de manifestantes durante el estallido".
Para el coordinador de la marcha patriótica de Bogotá, los nuevos audios solo revelan que la colaboración entre la policía y los civiles "fue parte de una estrategia y que no fueron casos aislados".
Las dos personas participantes en las conversaciones interceptadas y ahora difundidas serían Eduardo Molina Berrio, de 57 años, y con un proceso judicial en 2015 por homicidio, y su hijo Eduardo Molina Obando, de 25 años y quien sería el socio del sargento retirado Johnny Moreno, considerado como el principal comprador de municiones y granadas robadas a la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali.
