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Se prevé que cientos de miles de personas tomen las calles en París y las principales ciudades de Francia en respuesta a la convocatoria de los sindicatos a la décima jornada de huelga y movilización contra la reforma jubilatoria desde mediados de enero.
Las manifestaciones, en un principio mayormente pacíficas, se volvieron violentas luego de que Macron aprobara la reforma por decreto, la semana pasada, para evitar una votación del proyecto en el Parlamento que se prefiguraba complicada.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que jóvenes radicalizados planeaban "destruir, herir y matar" y que, por lo tanto, ordenó un despliegue "inédito" de 13.000 policías.
Darmanin alertó de la presencia en París de "más de 10.000 radicales, algunos llegados desde el extranjero", en momentos en que el Gobierno intenta criminalizar las protestas, que siguen contando con un gran apoyo popular.
El líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, dijo que "la movilización sigue siendo igual de importante" con "muchos jóvenes" en las marchas contra la suba de la edad jubilatoria a 64 años.
Esto es "la prueba de que el movimiento no se agota", agregó ante periodistas en la ciudad central de Clermont-Ferrand.
Desde el 19 de enero, los sindicatos organizaron diez jornadas de protestas masivas contra este impopular proyecto, que aumentaron en intensidad cuando Macron lo adoptó por decreto.
Las últimas movilizaciones estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad en las grandes ciudades. El jueves pasado, hubo 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, según las autoridades.
En este contexto de creciente tensión, el Gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero firmes en sus posiciones: las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no.
El vocero gubernamental, Olivier Véran, rechazó este martes la última propuesta de Laurent Berger, líder del principal sindicato, CDFT, de buscar una "mediación" para hallar una vía de salida, y afirmó que pueden "hablarse directamente".
Sin embargo, en un gesto poco habitual durante esta crisis, los diputados centristas de MoDem, miembro de la alianza oficialista de Macron, apoyaron la propuesta de Berger para "tratar de encontrar el diálogo" con cierta perspectiva.
El presidente liberal, reelecto en abril del año pasado hasta 2027, se halla bajo presión.
Una mayoría de franceses lo considera responsable de la situación actual por no querer escuchar el malestar sobre una reforma que el Gobierno considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se opone además a esta reforma que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.
El decreto de Macron que valida la ley se encuentra bajo revisión del Consejo Constitucional luego de que fuera recurrido por partidos opositores. El mandatario solo podrá promulgar la reforma si el Consejo le da su visto bueno.
La semana pasada, Macron dijo que la ley debe estar vigente para fin de año. Mientras tanto, los sindicatos no tiran la toalla, y los jóvenes son cada vez más numerosos en las protestas.
Las autoridades esperan que su presencia "se duplique o triplique" este martes, respecto a jornadas anteriores, informó la agencia de noticias francesa AFP.
Las protestas adquieren además desde hace semanas múltiples formas: miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de París, bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otros.
Este martes, los trenes circulaban con una notable disminución de su frecuencia, y en París, el transporte público registraba "perturbaciones", según su operador RATP.
La Torre Eiffel, una de las principales atracciones turísticas y un símbolo de París, permaneció hoy cerrada al público. Las autoridades esperan "de 650.000 a 900.000 manifestantes" en total en Francia.
La gestión policial de las protestas contra las reformas, así como de la manifestación contra un embalse agrícola que dejó dos personas en coma el sábado, está en el punto de mira de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
En ambos casos, "hay un uso desproporcionado de la fuerza", dijo Jean-Claude Samouiller, de Amnistía Internacional, a AFP.
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