Pensar en la educación como derecho social implica brindar todas las condiciones necesarias para lograr el pleno desarrollo de los niños y niñas que asisten a los diferentes establecimientos educativos de los distintos niveles y modalidades. Para ello se requiere tener en cuenta múltiples variables como la formación docente, la construcción de una red de contención con otros agentes públicos y privados, la accesibilidad a los servicios educativos por parte de la comunidad, ambientes dignos para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros.
Una gran mayoría de la población valora y defiende la escuela pública, pero con la sola enunciación de un valor que, aunque es más que significativo, no es suficiente.
Según el informe elaborado por el gremio docente, el incremento poblacional de la última década no fue acompañado con una planificación sistemática de las diferentes gestiones municipales en materia educativa en relación a la infraestructura escolar. Un aspecto fundamental para poder planificar es tener datos concretos, pero además contextualizarlos, y para esto se requiere de información directa del territorio y analizarla detenidamente. La sobrecarga de instituciones, el fraccionamiento de espacios comunes para la construcción de aulas, el uso de un mismo espacio por diferentes niveles, resuelven la coyuntura, pero no abordan el problema de fondo. “Nadie puede negar el cambio significativo producido por este gobierno provincial, cuando comparamos la inversión en educación con respecto a la gestión anterior. Están dadas las condiciones para que en nuestra ciudad se profundicen políticas que conduzcan a una mayor justicia educativa”, resalta el informe.
En el escrito se marca que no se puede obviar que algunas de las dificultades actuales son la consecuencia de diferentes reformas educativas que no contemplaron en su momento las consecuencias desde una perspectiva edilicia. “En la década del 90 se implementó en las escuelas de la provincia el Tercer Ciclo (EGB), esto implicó que en las escuelas primarias aparecieran el séptimo, octavo y noveno año, como un ciclo separado de la primaria. En muchos casos a partir de este tercer ciclo se constituyó la Escuela Secundaria, para posteriormente conformar la Escuela Secundaria Obligatoria de seis años, en 2006. Esto condujo a que en algunas instituciones del distrito, en un mismo edificio convivieran más de un servicio educativo”, expresaron desde SUTEBA.
Al respecto se mencionan puntualmente tres casos en nuestra ciudad:
- La Escuela Primaria Nº 45 y la Escuela Secundaria Nº 6
- La Escuela Primaria Nº9 (Jornada completa) y la Escuela Secundaria Nº9
- La Escuela Primaria Nº 8 y Escuela Secundaria Nº 7.
De la evaluación realizada surge que estas situaciones deben ser prioridades en el corto plazo a la hora de pensar en la construcción de nuevos edificios para cada una de las Escuelas Secundarias mencionadas, y que es obvio que tiene que ser una política pública de cualquier gestión de gobierno.
Otro aspecto que es muy importante es el crecimiento de la población de Balcarce y los lugares de urbanización: el censo de 2010 arrojó como resultado que en nuestra ciudad vivían 43.823 personas y había 14.720 viviendas, mientras que en 2022 se registraron 51.736 habitantes y 20.663 viviendas. Y de allí surge la pregunta: ¿Cómo está distribuida esta población? ¿Hay escuelas en las nuevas zonas urbanizadas? ¿Qué franjas etarias representan las personas que habitan estos nuevos barrios?
Claramente nuestra ciudad se desarrolló en estos últimos tiempos en tres zonas, con los siguientes límites:
- Calles 107, 5, Av. Caseros y Av. San Martín
- Calles 24, 40, 55 y Av. Pueyrredón (39)
- Av. Virgen de Luján, Av. Pueyrredón (39), Av. Dorrego (40) y calle 56
A esta descripción hay que agregarle una demanda histórica de nuestra ciudad, como lo es la construcción de un edificio propio para el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32. En este punto, desde SUTEBA son críticos al considerar que “como sabemos que con la simple descripción de la situación no es suficiente, ni tampoco los anuncios en años electorales seguido de olvido, nuestra organización sindical decidió poner en marcha un proceso de relevamiento y sistematización de datos, para ser aportados a los espacios gubernamentales, con el fin de realizar una contribución al desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva de derechos con participación activa de las comunidades educativas”.
El informe lleva la firma de Armando Poblet y Gerardo Mancuso, secretario general y el adjunto respectivamente, del gremio SUTEBA en Balcarce.
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