Se trata de los empresarios Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gasep, que están acusados de verter efluentes industriales "sin tratamiento o con tratamiento deficiente" en los ríos Medina/Chico y Gastona, integrantes de la cuenca Salí-Dulce, con incidencia en la provincia de Santiago del Estero.
Así lo consideraron el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, que solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán la imposición de penas de 4 años y 4 años y 6 meses de prisión para Drube y Gasep, respectivamente.
Es la tercera vez que el Ministerio Público Fiscal requiere condena en este caso, tras dos sentencias absolutorias dictadas por el mismo tribunal con conformaciones distintas, que fueron revocadas y anuladas por la Cámara Federal de Casación Penal en 2016 y 2019.
Para este juicio, el tribunal está compuesto por María Noel Costa, Abelardo Basbús y Enrique Bothamley, quienes darán a conocer el veredicto el viernes próximo, indico el MPF.
En la jurisdicción, no hay antecedente de un juicio que haya tenido que realizarse tres veces.
La acusación
Para la fiscalía se acreditó que los residuos industriales de La Trinidad eran "residuos peligrosos" y que para 2007 no eran "debidamente tratados" por parte del ingenio pese a la normativa y los planes de producción limpia y de reconversión suscriptos con anterioridad.La fiscalía consideró comprobado que para el 2007 esos efluentes peligrosos eran además conducidos por un canal a cielo abierto por distintas poblaciones y se volcaban a fincas vecinas y a una laguna de sacrificio que no cumplía con ninguna de las normas sobre seguridad e higiene, aseguraron.
También se precisó que tanto el canal como la laguna desbordaban y que esos vertidos "terminaban en el río Chico o Medina" y, al menos una vez durante 2009, se volcó directamente al río Gastona.
Ambos ríos forman parte de la cuenca Salí-Dulce y terminan su trayecto en el dique Frontal de Santiago del Estero.
Los empresarios imputados, encargados de la explotación del ingenio durante esos años, habían sido sancionados administrativamente en varias oportunidades, según indicó la fiscalía, que también apuntó que con "su accionar doloso adulteraron y contaminaron el suelo, las aguas y el ambiente, con lo cual generaron un riesgo a la salud pública".
Además del pedido de penas, la fiscalía también solicitó que se investigue a Alfredo Montalbán, secretario de Medioambiente de la provincia de Tucumán, que declaró como testigo en la causa, por la posible comisión de los delitos de falso testimonio, encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión del deber de denunciar, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
