
El pago de "5.000 reales (1.004 dólares)" se hará a cada policía que en el ejercicio de sus funciones o en razón de ellas, sea responsable por la aprehensión de arma de fuego de tipo fusil sin registro y/o autorización legal de porte", se publicó en el Diario Oficial del estado. citando al gobernador Cláudio Castro.
Cada fusil será examinado y sólo se pagará la recompensa si está funcionando (además de que a quien se lo confisque no tenga portación legal), mientras que el presupuesto para los pagos saldrá de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Río, recogió la agencia de noticias Sputnik.
"Con esta recompensa, pretendemos reducir todavía más el poder bélico de los criminales -afirmó el gobernador Castro-. Fusiles y armas de guerra, cuanto más les saquemos de las manos a los bandidos, menos necesario será que nuestros policías y militares usen los suyos".
Según datos oficiales, en el primer semestre de este año las autoridades de Río confiscaron 366 fusiles, una medida de dos al día, lo que supone un incremento del 64% respecto al mismo periodo del año pasado.