La pesquisa se había iniciado en agosto último por el personal de la División Investigaciones Especiales de la Superintendencia de Lucha Contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, conjuntamente con la Departamental de Investigaciones de Azul, de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Con los resultados obtenidos, la fiscalía le solicitó al juzgado de Garantías Nº1 de Olavarría, a cargo de Fabiana San Román, las correspondientes órdenes de allanamiento, que se hicieron simultáneamente en los barrios porteños de Palermo, Liniers, Mataderos y Caballito, y el restante en la localidad de Villa Fiorito, partido bonaerense de Lomas de Zamora.
Allí fueron identificados tres de los presuntos cabecillas, y se secuestró gran cantidad de teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, notebooks, netbooks, tablets y documentación de interés para la causa.
Los tres fueron notificados de la iniciación de una causa por "estafas reiteradas" y fueron puestos a disposición de la Justicia.
Las investigaciones se habían centrado en el análisis de estafas cometidas a partir del hackeo de diversas cuentas de usuarios de redes sociales y plataformas digitales, por lo que la fiscalía interviniente, mediante exhortos internacionales, solicitó el acceso a la información almacenada en los servidores de las empresas detrás de esas redes.
Estos trabajos permitieron identificar el lugar de residencia y otros cuatro domicilios que utilizaba un grupo de personas que conformaba la organización criminal, cuyo modus operandi consistía en apoderarse ilegítimamente de cuentas de usuario mediante "hacking", para luego suplantar su identidad, y engañar a otros induciéndolos al error, utilizando como "anzuelo" el ofrecimiento de dólares a un valor inferior a los habituales del mercado, y una vez que se apoderaban del dinero -montos siempre superiores a los 100 mil pesos- efectuaban transferencias a una cuenta bancaria registrada en Brasil, y de ahí derivaban el dinero a otras cuentas, dificultando la trazabilidad.
