La defensa de Majdalani focalizó su pretensión en críticas al accionar del primer juez de la causa, el magistrado federal de Lomas de Zamora Federico Villena y de la fiscal Cecilia Incardona.
Semanas atrás, el actual juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, anuló parcialmente el expediente vinculado con el espionaje en las cárceles y sobreseyó a todos los imputados ex miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Majdalani, a través de los abogados Juan Pablo Vigliero y Adriana Ayuso, consideró insuficiente ese fallo.
“La detenida lectura de la resolución en crisis ha puesto al descubierto una actividad en cabeza del Juez Villena, no sólo irregular sino que incluso puede ser sospechada de delictual”, sostuvo la defensa de Majdalani.
“No puede pasarse por alto la ilegal injerencia en la privacidad, sin fundamentos ciertos, que el Juez ha perpetrado en todos los casos. (…) No puede soslayarse también que, en muchos casos, para hacerlo ha prescindido de la intervención del Ministerio Público y, en otros, ha aprovechado la desidia de esos funcionarios en el control de legalidad que deberían ejercer”, embistió el escrito.
Majdalani citó un párrafo del fallo de Martínez de Giorgi: “Vinculado con esto último, debe agregarse además que las conclusiones han ubicado al Dr. Villena como partícipe de la maniobra de inteligencia ilegal desplegada por los agentes de la AFI”.
“Cabe preguntarse entonces –añadió aquella resolución-, si por razones de estricta justicia, corresponde invalidar todo su accionar en el sumario por tales circunstancias, lo cual traería aparejado, por consecuencia, la impunidad de las graves conductas investigadas, al menos para los que resultaron sus coautores materiales”.
Para Majdalani, “tamaños desvíos, que avasallan no sólo la correcta administración de justicia, sino que además arrasan con todas las garantías constitucionales del proceso que nuestra Carta Magna ha establecido como pilares del Estado de Derecho, no pueden en modo alguno cohonestarse bajo el pretexto de impartir justicia”.
“Las irregularidades señaladas pueden eventualmente llevar a la finalización del trámite judicial, pues si progresan los agravios planteados, podrían implicar el cese de la investigación de manera definitiva”, advirtió la defensa.
“De quedar en pie esta decisión, implicaría legitimar la supervivencia en el mundo jurídico de una investigación judicial que nace como fruto de un actuar ilegal, lo que naturalmente extiende tal ilegalidad a todo lo actuado en consecuencia”, resumió.
