Especialistas en derechos digitales han expresado su preocupación sobre los riesgos relacionados con la recolección "abusiva" de datos personales por parte del Estado en Argentina, mediante sistemas como el registro de la tarjeta SUBE y el reconocimiento facial con cámaras. Advierten que esta práctica puede generar "falsos positivos" y resaltan la falta de capacidad para proteger adecuadamente los datos, señalando que cualquier tecnología utilizada para la vigilancia puede ser eventualmente empleada con ese propósito.
En el marco del Día Internacional de Protección de Datos Personales, activistas consultados por Télam han señalado que la deficiente protección de los datos personales es una tendencia generalizada en el país.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, destaca la larga trayectoria de Argentina en el escaso respeto por la privacidad de las personas. La activista expone su desacuerdo con la medida que penaliza a los usuarios que no registran su identidad en la tarjeta SUBE, expresando preocupación por la posible renuncia a la privacidad en casos de necesidad económica.
El abogado Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), destaca que esta recopilación masiva de datos crea una base de información detallada sobre los movimientos de las personas, suscrita a la tarjeta SUBE nominada, que podría ser utilizada en su contra en situaciones futuras.
El especialista Javier Smaldone, sobreseído en el caso conocido como La Gorra Leaks 2.0, vivió en carne propia la solicitud de la Policía Federal de obtener registros de su uso de la tarjeta SUBE durante una investigación en la que estuvo involucrado.
Los expertos también han puesto atención en el sistema de reconocimiento facial, que ha estado en debate desde el anuncio de protocolos de seguridad. Aunque en la Ciudad de Buenos Aires se implementó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos en 2019, una acción de amparo de ODIA llevó a su suspensión en 2022 y su posterior declaración de inconstitucionalidad.
Busaniche destaca los problemas de funcionamiento de estos sistemas, con evidencia de falsos positivos que han llevado a detenciones erróneas. Advierte sobre el riesgo de un sistema de vigilancia constante en espacios públicos, señalando que cualquier tecnología utilizada con fines de vigilancia puede ser eventualmente empleada para monitorear a la población.
Los expertos coinciden en que la capacidad del Estado para proteger los datos de manera efectiva es un problema grave. La ley actual de Protección de Datos Personales, sancionada en 2000, carece de pautas claras y directrices de estándares de seguridad, según Busaniche. Además, resalta la filtración de la base del Registro Nacional de las Personas (Renaper) como un ejemplo de la vulnerabilidad de los datos almacenados por el Estado.
En general, los especialistas advierten sobre la necesidad de mejorar la protección de datos en el país y destacan los crecientes problemas de seguridad informática y estafas basadas en datos obtenidos del Estado.
Con información de agencia Télam.
