El juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, dictó una medida cautelar que obliga al Estado nacional a presentar un plan para la integración sociourbana de los "barrios populares" registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En su resolución, el magistrado instó al Gobierno a trabajar en conjunto con las autoridades locales, actuando como "unidades ejecutoras", para desarrollar y presentar un plan de acción en un plazo de tres meses.
Esta decisión responde a un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una vecina de un barrio popular en la localidad de Pehuajó y el sacerdote Lorenzo De Vedia, referente de la organización Opción por los Pobres. La demanda apunta a la necesidad de destinar mayores recursos al Fideicomiso para la Integración Socio Urbana (FISU), el cual financia obras de infraestructura en barrios populares, y denuncia una reducción en los fondos provenientes del impuesto PAIS que se destinan a este fideicomiso.
El reclamo se centra en la modificación del decreto presidencial 193/24, que ajustó el porcentaje de la recaudación del impuesto PAIS asignado al FISU. Según los demandantes, esta medida es incompatible con las leyes 27.453 y 27.541, que establecen un marco legal para el financiamiento de la integración urbana de estos barrios. Según los argumentos presentados en la demanda, la modificación de estos porcentajes ha debilitado significativamente la principal fuente de financiamiento para los proyectos de integración sociourbana.
En su fallo, el juez Heim también exhortó al Congreso de la Nación a que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, contemple y establezca mecanismos de financiamiento para garantizar la continuidad de la política pública dirigida a la integración de los barrios populares. Esta medida busca asegurar que los proyectos de urbanización y mejora de infraestructuras en estas comunidades continúen adelante, a pesar de la reducción de fondos destinados al FISU.
La decisión judicial marca un hito en la lucha por la mejora de la calidad de vida en los barrios populares, y pone presión sobre el Gobierno y el Congreso para que se garantice la inversión necesaria para avanzar en la integración de estos sectores.
