
En una jornada cargada de tensión política, sectores del peronismo y del campo popular denunciaron que la condena a Cristina Fernández de Kirchner es el resultado de una “perversa persecución política
Fuente: Todo Provincial.
En una jornada cargada de tensión política, sectores del peronismo y del campo popular denunciaron que la condena a Cristina Fernández de Kirchner es el resultado de una “perversa persecución política
En una jornada cargada de tensión política, sectores del peronismo y del campo popular denunciaron que la condena a Cristina Fernández de Kirchner es el resultado de una “perversa persecución política, mediática y judicial” que se inició hace años y que hoy se consagra como una “auténtica infamia”.
La sentencia judicial fue calificada como un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y, en particular, a figuras que —como Cristina— “se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías”. La denuncia apunta directamente al accionar del gobierno de Mauricio Macri, al que se acusa de haber montado un sistema de espionaje ilegal, armado de causas y manipulación de pruebas con el objetivo de perseguir a la expresidenta, su familia y sus exfuncionarios.
Según este análisis, el lawfare se consolidó como política de Estado durante ese periodo, una práctica que no solo buscó el descrédito judicial, sino también la estigmatización del campo popular. “Hoy, con un presidente para quien ‘la justicia social es una aberración’, el clima de odio, autoritarismo y hostigamiento se ha intensificado”, se remarcó, aludiendo al actual jefe de Estado, Javier Milei.
Para estos sectores, tanto Macri como Milei comparten un profundo desprecio por la democracia y por la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran esta condena que, según denuncian, estuvo guiada por un accionar judicial revanchista, carente de apego a la verdad y a la justicia. “No investigaron hechos: ejecutaron un plan. Una vendetta”, aseguran.
Desde esta perspectiva, la intención de fondo es disciplinar a la dirigencia política y blindar privilegios económicos, afectando directamente el estado de derecho y debilitando la democracia argentina. “Hoy esa democracia queda profundamente herida. Y nuestra responsabilidad histórica es defenderla”, concluyen.
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