Por Sebastián Fiori
Ex integrante de la Asociación Autódromo Balcarce
Desde el año 2016, la Municipalidad de Balcarce, bajo la gestión del intendente Esteban Reino, asumió la responsabilidad plena de la puesta en valor del Autódromo Juan Manuel Fangio, comprometiéndose a ejecutar obras de infraestructura, garantizar la seguridad deportiva y cumplir con las normas técnicas y reglamentaciones nacionales e internacionales aplicables a la actividad automovilística. En ese período, el municipio se presentó como plenamente competente técnica y administrativamente, justificando su capacidad de ejecutar y certificar las obras, administrando fondos provinciales y propios, y firmando convenios que formalizaban su rol como ejecutor responsable.
En el año 2023, se firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires para la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio, por el cual la Municipalidad de Balcarce asume formalmente una serie de obligaciones técnicas y administrativas, tales como administrar fondos provinciales, supervisar y certificar obras, garantizar el cumplimiento de normas de seguridad, elaborar documentación técnica y rendir cuentas ante los organismos de control, actuando en todo momento como un actor competente y responsable. Lo que llama poderosamente la atención es que, a día de hoy, mediante el Decreto 4336, la Municipalidad declara no contar con la competencia técnica necesaria para realizar las mismas tareas que asumió al firmar dicho convenio, generando una incongruencia formal y legal: se compromete a obligaciones que ahora reconoce no poder cumplir, dejando expuestos los actos administrativos, técnicos y los fondos ejecutados a cuestionamientos legales y responsabilidad directa.
Entre esos convenios, destaca que se giraron más de 500 millones de pesos inicialmente, y en total, según declaración del propio gobernador, se comprometieron 2.000 millones de pesos. Dichos fondos fueron destinados a la puesta en valor del autódromo y a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la práctica deportiva. Resulta llamativo, casi conspirativo o corporativo, que el Consejo Deliberante del municipio no haya dado respuesta ni intervención a los múltiples reclamos y pedidos de información realizados por ciudadanos. Ninguno de los concejales levantó la mano, ni siquiera para auditar o controlar semejante volumen de fondos, y no hay evidencia de que el cuerpo legislativo haya ejercido el más mínimo control sobre la gestión de estos recursos, actuando como si se hubieran hecho los distraídos ante hechos de relevancia institucional y financiera.
Durante estos años, se realizaron múltiples presentaciones administrativas, incluyendo:
Todo lo anterior se agrava con la participación de terceros, como la Cooperativa El Mirador, que ha seguido recibiendo fondos vinculados al autódromo, sin que exista evidencia pública de la correcta utilización de los mismos ni de los contratos o procedimientos administrativos que respalden tales pagos. Tampoco hay informes sobre los materiales empleados, la cantidad de trabajos defectuosos (como paredones mal ejecutados que debieron rehacerse) ni la supervisión de las contrataciones realizadas, dejando en evidencia una gestión deficiente y falta de control técnico-administrativo.
El contexto se consolida con la confesión expresa contenida en el Decreto 4336 de fecha 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el propio intendente Esteban Reino declara que la Municipalidad carece de competencia técnica para elaborar la documentación final, planimetría, informes ejecutivos y proyectos complementarios necesarios para la rehabilitación integral del autódromo. Este acto constituye una confesión directa de incompetencia de parte, evidenciando que las decisiones, certificaciones y actos realizados históricamente por el municipio excedían su competencia técnica y legal, y que los fondos transferidos se ejecutaron bajo un marco de responsabilidad administrativa irregular.
Además, el autódromo continúa en obras, sin la existencia de informes técnicos que aseguren condiciones seguras para la realización de cualquier actividad deportiva o pública, lo que convierte en urgente y necesario el pedido de suspensión de cualquier utilización de las instalaciones, con excepción de actividades de mínimo riesgo, hasta que se pueda garantizar seguridad, legalidad y cumplimiento de normas técnicas.
En conclusión, la gestión del Autódromo Juan Manuel Fangio por parte del municipio desde 2016 revela una incongruencia grave y sostenida: mientras históricamente asumió competencia plena y ejecutó obras bajo esa premisa, hoy el mismo intendente reconoce su incapacidad técnica, generando consecuencias legales, administrativas y financieras directas e inevitables, comprometiendo la validez de los actos técnicos y financieros realizados, y poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones. Esta situación evidencia una gestión planificada pero incompetente, con graves falencias de control, rendición de cuentas y transparencia, que requiere intervención externa inmediata, auditoría técnica completa y suspensión preventiva de toda actividad en el autódromo.
En el año 2023, se firma un convenio con la Provincia de Buenos Aires para la puesta en valor del autódromo Juan Manuel Fangio, por el cual la Municipalidad de Balcarce asume formalmente una serie de obligaciones técnicas y administrativas, tales como administrar fondos provinciales, supervisar y certificar obras, garantizar el cumplimiento de normas de seguridad, elaborar documentación técnica y rendir cuentas ante los organismos de control, actuando en todo momento como un actor competente y responsable. Lo que llama poderosamente la atención es que, a día de hoy, mediante el Decreto 4336, la Municipalidad declara no contar con la competencia técnica necesaria para realizar las mismas tareas que asumió al firmar dicho convenio, generando una incongruencia formal y legal: se compromete a obligaciones que ahora reconoce no poder cumplir, dejando expuestos los actos administrativos, técnicos y los fondos ejecutados a cuestionamientos legales y responsabilidad directa.
Entre esos convenios, destaca que se giraron más de 500 millones de pesos inicialmente, y en total, según declaración del propio gobernador, se comprometieron 2.000 millones de pesos. Dichos fondos fueron destinados a la puesta en valor del autódromo y a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la práctica deportiva. Resulta llamativo, casi conspirativo o corporativo, que el Consejo Deliberante del municipio no haya dado respuesta ni intervención a los múltiples reclamos y pedidos de información realizados por ciudadanos. Ninguno de los concejales levantó la mano, ni siquiera para auditar o controlar semejante volumen de fondos, y no hay evidencia de que el cuerpo legislativo haya ejercido el más mínimo control sobre la gestión de estos recursos, actuando como si se hubieran hecho los distraídos ante hechos de relevancia institucional y financiera.
Durante estos años, se realizaron múltiples presentaciones administrativas, incluyendo:
- Pedidos de informes técnicos y documentación sobre la ejecución de obras y la certificación de avances.
- Solicitudes de cese de actividades automovilísticas hasta que se cuente con condiciones de seguridad garantizadas, permitiendo únicamente actividades de bajo riesgo como caminatas.
- Requerimientos de planos técnicos y proyectos elaborados por profesionales, los cuales no fueron presentados públicamente, y cuya existencia formal nunca fue comprobada, a pesar de haber sido un requisito para la correcta supervisión y control de la obra.
- Solicitudes al Concejo Deliberante para auditoría técnica y rendición de cuentas, que no fueron atendidas ni contestadas, generando un vacío absoluto de transparencia.
Todo lo anterior se agrava con la participación de terceros, como la Cooperativa El Mirador, que ha seguido recibiendo fondos vinculados al autódromo, sin que exista evidencia pública de la correcta utilización de los mismos ni de los contratos o procedimientos administrativos que respalden tales pagos. Tampoco hay informes sobre los materiales empleados, la cantidad de trabajos defectuosos (como paredones mal ejecutados que debieron rehacerse) ni la supervisión de las contrataciones realizadas, dejando en evidencia una gestión deficiente y falta de control técnico-administrativo.
El contexto se consolida con la confesión expresa contenida en el Decreto 4336 de fecha 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el propio intendente Esteban Reino declara que la Municipalidad carece de competencia técnica para elaborar la documentación final, planimetría, informes ejecutivos y proyectos complementarios necesarios para la rehabilitación integral del autódromo. Este acto constituye una confesión directa de incompetencia de parte, evidenciando que las decisiones, certificaciones y actos realizados históricamente por el municipio excedían su competencia técnica y legal, y que los fondos transferidos se ejecutaron bajo un marco de responsabilidad administrativa irregular.
Además, el autódromo continúa en obras, sin la existencia de informes técnicos que aseguren condiciones seguras para la realización de cualquier actividad deportiva o pública, lo que convierte en urgente y necesario el pedido de suspensión de cualquier utilización de las instalaciones, con excepción de actividades de mínimo riesgo, hasta que se pueda garantizar seguridad, legalidad y cumplimiento de normas técnicas.
En conclusión, la gestión del Autódromo Juan Manuel Fangio por parte del municipio desde 2016 revela una incongruencia grave y sostenida: mientras históricamente asumió competencia plena y ejecutó obras bajo esa premisa, hoy el mismo intendente reconoce su incapacidad técnica, generando consecuencias legales, administrativas y financieras directas e inevitables, comprometiendo la validez de los actos técnicos y financieros realizados, y poniendo en riesgo la seguridad de las instalaciones. Esta situación evidencia una gestión planificada pero incompetente, con graves falencias de control, rendición de cuentas y transparencia, que requiere intervención externa inmediata, auditoría técnica completa y suspensión preventiva de toda actividad en el autódromo.
