Desde el inicio del aislamiento se están sentando precedentes que podrían incitar a prácticas informales que deberían ser reguladas y controladas por entidades del Estado provincial y nacional.
Durante los últimos dos meses a lo largo del país se han multiplicado las plataformas organizadas para ofrecer juegos de azar, ya sean bingos o loterías, que en su mayoría están representadas (y sus ganancias destinadas allí) por entidades de bien público, asociaciones deportivas, etc.
Con la noble intención de poder recaudar los fondos suficientes para que dichas instituciones puedan seguir funcionando en medio de la crisis, profundizada por la cuarentena y el consiguiente cese de actividades, los apostadores participan previo abono de un ingreso de admisión, que ronda en general entre 300 y 1800 pesos, de apuestas en linea como bingo o lotería, los cuales son ofrecidos y sus resultados informados mayormente a través de las redes sociales. De hecho, la mayoría son transmitidos en vivo por esas plataformas, de las cuales la más utilizada es Facebook.
La zona gris la conforma el marco de legalidad de esas actividades: las mismas deben ser reguladas, en nuestro caso, por Lotería de la Provincia, ya que la vieja Lotería Nacional desapareció debido a que el 2 de febrero de 2018 el Poder Ejecutivo nacional dispuso su liquidación y cierre , tras 124 años de historia. El ente provincial dispone que, según la ley N° 15.079, quienes ofrezcan juegos de azar o apuestas denominadas online deberán estar inscriptos como "licenciatarios", previa autorización una vez reunidos los requisitos.
Tal cual versa el acta institucional de Lotería de la Provincia, el ente se ocupa de que los recursos producidos sean distribuidos en beneficio de la comunidad y del desarrollo de políticas públicas que tengan como fundamento la inclusión social y la participación colectiva. Por ello deriva la mayoría de sus recursos en forma directa al Ministerio de Economía, Desarrollo Social, Salud, Seguridad, Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, al Fondo de Trasplante, la Dirección de Cultura y Educación, el Fondo Provincial de Educación, el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, el Fondo Especial del Teatro, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y los Municipios.
LA CAJA DE PANDORA
Hace pocos días en Balcarce se irrumpió en una vivienda donde varias personas se encontraban realizando apuestas de manera clandestina, de donde se incautaron miles de pesos y los artilugios propios de esas actividades. Rápidamente desde el sector político se clamó por el botín confiscado, proponiendo que el mismo sea donado al Hospital. La moción, digna de Robin Hood, podría llevarse a cabo, aunque previamente deberá sortear los filtros de la justicia.
Pero lo curioso de este hecho, comparado con el tema central de esta nota, es la única diferencia entre ambos: la presencialidad.
Habida cuenta de que para los bingos y loterías que se realizan informalmente (con apostadores incluso de otras provincias que disponen de todos los medios de pago digitales para poder participar) no parecen existir demasiadas trabas para llevar adelante esas prácticas, el sentido común indicaría que probablemente si los ludópatas pillados in fraganti hubiesen realizado las apuestas de la misma manera, es decir online, nada habría pasado.
Este es un tema para tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos donde los debates puramente jurídicos parecen transitar un limbo debido a los tiempos del aislamiento, y varios cuestionamientos se postergan hasta quién sabe cuándo, priorizando lógicamente los temas de incumbencia directa con la pandemia. Parece algo menor, pero se están sentando precedentes que serán difíciles de poder encuadrar cuando finalmente llegue la calma post pandemia.
