"¡Salven a nuestra líder!" Aung Sang Suu Kyi, derrocada y detenida en un lugar secreto por el Ejército desde hace 49 días; "¡Salvemos nuestro futuro!", se podía leer en las pancartas de los manifestantes, congregados hoy en la ciudad central de Mandalay.
Otras manifestaciones nocturnas se produjeron en otros lugares del país, con militantes prodemocracia portando velas encendidas.
Médicos, profesores, empleados de banco o de ferrocarriles están en huelga desde hace seis semanas, paralizando una parte de la frágil economía del país.
"Nuestros médicos son valientes", comentaron los manifestantes en las redes sociales. "No tenemos miedo a la sangre" que derrama el Ejército, agregaron.
Cerca de 250 civiles han muerto desde el 1 de febrero, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).
El balance podría ser más grave, pues centenares de personas desaparecieron en las últimas semanas.
Dos de los 5 millones de habitantes de Yangón, la capital económica, están bajo la ley marcial y la situación es muy tensa.
Algunos barrios se han sumido en el caos, con manifestantes lanzando proyectiles y cócteles molotov contra el ejército y la policía, que dispara munición real.
Los tiroteos volvieron a intensificarse el sábado, con al menos dos muertos y tres heridos en Rangún, según la AAPP, que informó de otros dos fallecidos a unos 80 kilómetros de ahí, en Bago.
Para eludir estas violencias, numerosos habitantes de Yangón seguían huyendo hoy de la ciudad, la mayor de Myanmar, la antigua Birmania, para retornar a sus regiones de origen a bordo de vehículos, bicicletas o mototaxis, informó la agencia de noticias AFP.
La estación de ómnibus lucía repleta de paquetes y maletas de todo tipo. "No puedo seguir viviendo con este miedo, vuelvo a mi región", relató una joven entrevistada por un medio local.
Algunos birmanos intentan también abandonar el país. Tailandia espera un flujo de refugiados mientras que India ha recibido ya a centenares.
Entretanto, Myanmar se cierra cada vez más. Las conexiones a Internet siguen muy perturbadas y solamente los medios estatales cubren ahora la crisis.
La represión judicial sigue su curso y más de 2.300 personas han sido detenidas estas últimas seis semanas
Tres hombres del barrio de Hlaing Tharyar en Yangón, escenario de una matanza la semana pasada con decenas de manifestantes muertos, fueron condenados por un tribunal militar a una pena de tres años de prisión, según los medios estatales.
Responsables de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Suu Kyi, han sido encausados por "alta traición", por lo que pueden ser condenados a 22 años de detención.
La exdirigente de 75 años, que dirigía el Gobierno civil derrocado por los militares, ya ha sido inculpada de varios cargos, además de corrupción, y podría ser condenada a muchos años de prisión y ser excluida de la vida política.
De momento, la junta militar ha ignorado las múltiples condenas internacionales y las sanciones aplicadas por varias potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
La UE prevé sancionar mañana a 11 oficiales birmanos implicados en la represión, según fuentes diplomáticas.
