La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia concluyó que entre 2015 y 2019 hubo un "plan sistemático de inteligencia ilegal, cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política" durante el Gobierno de Mauricio Macri, según reveló hoy el presidente de ese cuerpo parlamentario de trabajo, el diputado nacional Leopoldo Moreau.
"La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política", afirmó Moreau en una conferencia de prensa brindada en la Cámara de Diputados.
Declaró además que durante la gestión de Cambiemos "se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto", que realizó tareas de "espionaje sobre 308 personas".
"Se estructuró de un modo sistemático, un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del Estado", agregó y subrayó que ese espionaje, que "está absolutamente probado", estuvo dirigido no sólo a "figuras públicas notorias, como (la vicepresidenta) Cristina Kirchner", sino también a "otros dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales".
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso dio a conocer hoy formalmente el informe y dictamen de la subcomisión que analizó durante varios meses y recogió numerosos testimonios que confirman el espionaje ilegal que se efectuó en el Gobierno de Macri.
Durante varios meses, la comisión recogió testimonios para investigar el espionaje durante el macrismo y, a fines de diciembre, le presentó a la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un informe crítico sobre el accionar de la Corte y del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, sobre el manejo de la oficina de las escuchas.
Fuentes parlamentarias adelantaron que serán las autoridades de las Cámaras quienes deberán definir si ese informe puede servir para cuestiones administrativas, para la presentación de una denuncia o incluso el pedido de juicio político.
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