El Consejo de la Magistratura implementó en el último mes una serie de medidas que apuntan a incorporar la perspectiva de género en el Poder Judicial con el propósito de revertir el atraso que en esa materia se verifica en este poder del Estado.
Prueba de ello fue el plenario extraordinario convocado el pasado 8 de marzo, en el que se aprobó la creación de un "Registro Público" de denuncias presentadas contra magistrados por situaciones vinculadas a violencia de género.
Este registro busca cumplir con la "Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y luego incorporada a la Constitución Nacional.
El martes de la semana anterior, este registro tuvo sus dos primeras cargas contra los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de Capital Federal, Javier Anzoátegui y Luis Rizzi, quienes en una resolución llamaron "sicarios" y "asesinos a sueldo" a los médicos que realizaron una interrupción de embarazo a una niña abusada.
"El Poder Judicial está en deuda con la sociedad, permanecen resabios de machismo y de justicia patriarcal. Esto se evidencia en muchas decisiones judiciales y también en su estructura y composición", aceptó el presidente del Consejo, el académico Diego Molea, el miércoles pasado luego de una charla virtual con funcionarios durante la cual se analizó el modo de incorporar la perspectiva de género en el sistema judicial.
En la conversación pública, transmitida por medios electrónicos, participaron el propio Molea, el flamante ministro de Justicia, Martín Soria; la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la consejera representante de los abogados, Vanesa Siley.
"En la Argentina, más del 70 por ciento de los cargos judiciales los ocupan varones", señaló Soria como ejemplo de las inequidades en la estructura judicial.
Por su parte, Gómez Alcorta aportó que la confianza de las mujeres en el sistema de justicia es menor que la de los varones, y que este fenómeno, a su criterio, tiene relación con los "enormes déficits" de la justicia cuando interviene en conflictos donde están en juego derechos de las mujeres y diversidades.
Un poco en esta línea de intervenir para cambiar la tendencia machista del Poder Judicial, fue que Molea decidió denunciar el 12 de marzo al camarista de Casación Federal Juan Carlos Gemignani, por maltrato a dos de sus colegas.
"Feliz Día para todas! Especialmente para las delincuentes!!!", escribió el juez justamente el Día de la Mujer, en un grupo que comparten los magistrados de la cámara y del que participan las juezas Ana Figueroa y Ángela Ledesma.
"Las gravísimas expresiones del doctor Gemignani resultan totalmente incompatibles con los esfuerzos que el Poder Judicial de la Nación está desarrollando para actuar y resolver con perspectiva de género", señaló Molea en la denuncia por mal desempeño.
A la acción directa, el Consejo sumó diálogos con sectores y referentes para establecer medidas a mediano y largo plazo que colaboren para estrechar las diferencias entre hombres y mujeres.
A mediados de marzo, el Consejo convocó a representantes del Comité de America Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM), de la Asociación de Abogadas de Buenos Aires (AABA), y de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI).
La idea de las reuniones, propiciada por Molea y Siley es "articular acciones en conjunto" para establecer una agenda de medidas que pueda mostrar resultados.
Los funcionarios judiciales reconocen que falta camino por recorrer en el ámbito institucional pero todo indica que ya operó la transformación cultural que precede a los cambios de fondo.
En las entrevistas personales de candidatos a magistrados no hay prácticamente ningún postulante que no indique preocupación por adecuarse a los temas de género y que no muestre algún antecedente de capacitación.
