Amnistía Internacional (AI) emitió una "acción urgente" para detener el proceso judicial contra Miranda Ruiz, una médica de Salta que fue denunciada por realizar una interrupción legal del embarazo y está sometida a un proceso judicial.
Se trata de una iniciativa de alcance mundial con la que la organización internacional busca poner luz sobre un caso e impulsar a miles de personas de todo el mundo a exigir el respeto de los derechos humanos.
De esta manera, AI llamó al Fiscal de Tartagal a dar marcha atrás con la imputación penal contra Ruiz, médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, por considerar que no existe ningún delito en el accionar de la profesional.
Ruiz está a cargo del consultorio interdisciplinario de interrupción voluntaria del embarazo en Tartagal, a 365 kilómetros al norte de la capital salteña, donde es la única que no apela a la objeción de conciencia para realizar abortos legales en esa localidad.
En septiembre de 2021, la fiscalía general de Graves Atentados contra las Personas a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega impulsó una investigación penal y ordenó la detención de Ruiz, quien permaneció privada de su libertad por unas horas hasta que un juez revirtió esa decisión.
"En el marco del dicho proceso, (Ruiz) todavía se encuentra sometida a medidas de coerción sustitutivas a la prisión", indicó Amnistía en un comunicado.
La organización internacional indicó que "como surge de la prueba producida en el expediente, Ruiz actuó de acuerdo con las obligaciones dispuestas en la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo".
"Su intervención fue acompañada por un equipo interdisciplinario y
respaldada por la dirección del hospital, lo cual también consta en la
historia clínica. El procedimiento indicado para la práctica fue
medicamentoso y autoadministrado", añadió.
La médica intervino
en una ILE en un proceso gestacional de 22 semanas y dos días, realizado
a una joven de 21 años, el 24 de agosto de 2021, y la denuncia posterior la realizó una tía de esa mujer.
El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que dispone en su artículo 4
que las mujeres y personas con otras identidades de género con
capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la
interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso
gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones
contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo
fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la
vida o salud integral de la persona gestante. En este caso se trata de una ILE.
“La criminalización contra Miranda Ruiz no puede continuar porque
actuar en el marco de la ley para garantizar derechos no es un delito.
El derecho a decidir y acceder a un aborto requiere que las personas que
necesiten acceder a la práctica y los profesionales de la salud que la
garantizan puedan actuar sin temor a ser perseguidos penalmente" señaló
Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.
