En un mensaje que acompaña al proyecto de ley que ingresó al Congreso, el Ejecutivo "solicita el tratamiento urgente de este proyecto de Ley por el cual se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas".
El Gobierno nacional pidió a los legisladores que actúen con
"responsabilidad institucional" al momento de tratar el proyecto de ley
por el nuevo entendimiento firmado con el Fondo Monetario Internacional
(FMI), que ingresó a la Cámara de Diputados y comenzará a ser debatido
el lunes en comisión.
"Apelando a la responsabilidad
institucional de cada uno y cada una de los diputados y las diputadas,
de los senadores y las senadoras, se solicita el tratamiento urgente de este proyecto de Ley por el cual se aprueba el Programa de Facilidades Extendidas
a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República
Argentina y el FMI", dice el mensaje que acompaña al proyecto de ley que
esta tarde se envió al Congreso.
En el documento de seis
páginas, firmado por el presidente Alberto Fernández; del jefe de
Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán, se
sostiene que "se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de
las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del
FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el
organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación
del país post crisis económica y en el marco de la pandemia".
La investigación por el endeudamiento
En el mensaje
se reitera un mensaje político que el propio Fernández anunció durante
la pasada Asamblea Legislativa del 1 de marzo y que motivó la retirada
de la bancada del PRO del recinto: la aprobación del nuevo programa "de ningún modo significa que se desistan las acciones judiciales iniciadas" para
investigar la posible comisión de delitos durante el proceso de
endeudamiento encarado por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI en
2018.
Esa investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien este jueves dispuso una
batería de medidas de prueba tendientes a identificar a los principales
operadores del mercado de divisas al momento de la acreditación del
empréstito adquirido con el FMI durante el gobierno de Macri, informaron fuentes judiciales.
Por
otra parte, el documento enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso
detalla cuál era la situación financiera a la hora del acuerdo Stand-By
de 2018, cuales fueron sus motivaciones y consecuencias, al tiempo que
se destacan los puntos salientes del nuevo Programa de Facilidades
Extendidas.
Por ejemplo, se afirma que en mayo de 2018 se vivió el "colapso del modelo económico" implementado a partir de diciembre de 2015
y que, ante ese escenario, la administración anterior decidió acudir al
FMI para conseguir "un préstamo récord -en cuanto al monto- en la
historia de esa Institución".
Aquel acuerdo Stand-By suponía un
desembolso de U$S 57.000.000.000 de los que efectivamente se
transfirieron 44.500.000.000 atados a "un programa de políticas, plazos y
montos de repago de características insostenibles e insustentables"
para un país como Argentina.
Eso supuso que se "dispare" la ratio de deuda pública-PIB, "la cual pasó del 52,6 % en el año 2015 al 88,8 % a finales de 2019.
Asimismo,
se recuerda que, según el propio FMI en su evaluación posterior, "esos
fondos se utilizaron principalmente para financiar la formación de
activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en
moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad".
También se señala que aquella decisión tomada por Mauricio Macri fue sin la discusión del Congreso Nacional.
Las negociaciones hacia el acuerdo
Como
contrapartida, el Gobierno de Fernández sostiene que a partir del 10 de
diciembre de 2019, se emprendió "la difícil tarea de mejorar el presente
tan duro que la Nación enfrentaba y, a partir de allí, sembrar
condiciones para construir el futuro".
"En un contexto de
absoluto respeto del marco constitucional, legal y económico, se realizó
un trabajo de negociaciones internacionales de elevada complejidad
tendientes a alcanzar un entendimiento para un nuevo programa con el
FMI; un Programa de Facilidades Extendidas, que contiene dos bloques
principales: por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas y,
por la otra, las medidas de crecimiento de mediano plazo y de
estabilidad duradera", señala.
Acto seguido, el mensaje afirma
que "fiel al compromiso público asumido" se prevé "un sendero de
convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación, con una
expansión moderada del gasto real, y donde el Estado tendrá un rol
clave, definiendo las prioridades centrales, que serán los pilares de
inclusión social, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la
inversión en infraestructura".
En ese mismo sentido, se señala
que "el sendero de reducción gradual del déficit fiscal primario será de
2,5% del PBI en 2022; 1,9 para el 2023; y 0,9 para el 2024.
Destaca además que se acuerda una "reducción gradual y persistente de la
asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional" y
"una estructura de tasas de interés reales para los instrumentos de
referencia de la política económica que redunde en valores positivos, de
modo de fortalecer la demanda de activos" en pesos.
"Desde el
punto de vista estructural, el acuerdo nos permite garantizar la
continuidad de los programas sociales focalizados y el mantenimiento de
los derechos de movilidad previsional de nuestros jubilados y nuestras
jubiladas, así como los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores", se apuntó.
Es hacia el final dónde se aclara que
se han tomado "las mejores opciones disponibles" dentro de las
"limitadas herramientas" previstas en el portafolio de programas del
FMI, de modo de evitar un default que generaría un daño "inconmensurable
a la recuperación del país".
