El dirigente del gremio de los camioneros precisó que, entre 2016 y 2017, existió una organización que tuvo la "finalidad de procesar y/o encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y, en algunos supuestos, los abogados que intervenían en las Defensas".
El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano denunció este miércoles ante la justicia penal bonaerense al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, por los supuestos delitos de "tráfico de influencias y prevaricato".
"Venimos a denunciar la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017 -cuyos vigencia y efectos aún perduran- estructurada dentro del ámbito de la Procuración
General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
con la asistencia y colaboración de funcionarios –aún no
suficientemente identificados- pertenecientes al área del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires", señala Moyano en la denuncia
presentada por su abogado, Daniel Llermanos, a la que accedió Télam.
En su presentación, el dirigente camionero precisó que esa organización, que según la denuncia también contó con la "connivencia" de "miembros del Poder Judicial y de Ministerio Público Fiscal",
tuvo la "finalidad de procesar y/o encarcelar indebidamente a
opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y, en algunos
supuestos, los abogados que intervenían en las Defensas".
Puntualiza además que estos delitos "se encuentran plenamente
acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el doctor
Víctor Hortel y quien suscribe (Daniel Llermanos)".
Moyano
presentó está denuncia en la justicia penal bonaerense, en la ciudad de
La Plata, y quedó radicada en la fiscalía número 16 a cargo de Juan
Condomí Alcorta, con intervención del juzgado de garantías número 1 de
Guillermo Atencio.
"Las operaciones de la organización que se denuncia consistieron en:
Instar denuncias falsas, generar testimonios mendaces mediante
instigación, extorsión, amenazas y/o apremios, infiltrar en la defensa
de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir
en los testimonios falsos y manipular con fraude procesal material
probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales",
detalla la denuncia.
Y agrega que esos mecanismos fueron
acompañados con la estrategia de "emplear medios periodísticos para la
masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus
víctimas y la utilización "ilegal de fondos del erario público para
financiar las actividades descriptas".
