Luego de la media sanción en el Senado de la reforma del Consejo de la Magistratura, y en la cuenta regresiva para la ejecución del fallo de la Corte que dejará sin efecto la actual ley, en el oficialismo ya dejan trascender con resignación que las posibilidades de tener ley en la Cámara de Diputados antes del viernes 15 de abril son bajas.
Así lo admitió el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, quien advirtió que restan apenas "cuatro días hábiles" para que entre en vigor el efecto del fallo de la Corte que declara inconstitucional y deroga la ley 26.080, en vigencia desde hace 16 años.
Y remarcó que en ese contexto de suma urgencia, por el "deadline" impuesto por el supremo tribunal de Justicia para tener una nueva ley, "el tiempo es muy escaso para darle en Diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre".
El argumento del santafesino ilustra una media verdad. La otra parte de la verdad es que a diferencia del Senado, donde el Frente de Todos consiguió una ajustada mayoría especial, sin que le sobre un voto, en la Cámara de Diputados al oficialismo no le da la correlación de fuerzas.
Juntos por el Cambio ya había adelantado -y ratificó ayer en la votación del Senado- que estaba en contra del esquema propuesto por el oficialismo para la composición del Consejo de la Magistratura: la pretensión opositora es que la Corte Suprema vuelva a presidir el organismo encargado de seleccionar jueces, removerlos si fuera necesario y evaluar su conducta.
Así era antes de la ley sancionada en 2006, cuando el titular de la Corte Suprema era también quien presidía el Consejo.
El fallo del máximo tribunal, curiosamente, está ayudando a convertir en realidad los deseos de Juntos por el Cambio, que podrá festejar que si -tal como se prevé- el oficialismo fracasa en conseguir la mayoría en Diputados.
¿Por qué la Corte se convirtió circunstancialmente en aliado de la oposición? La respuesta es que la sentencia de la Corte (que misteriosamente llega 16 años después de la entrada en vigencia de la actual ley) prevé que vencido el plazo del 15 de abril, deberá restaurarse la ley derogada en 2006. Es decir, que volverá a regir la ley que le otorgaba a la Corte Suprema el control de la presidencia de un consejo más amplio, de 20 miembros (actualmente son 13).
Por otra parte, si no hay nueva ley antes del viernes que viene, se declararán inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura a partir de esa fecha, paralizando a un órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia.
Si el Frente de Todos quisiera debatir la semana que viene en la Cámara de Diputados la media sanción del Senado, pese a no tener los votos para aprobarlo, debería constituir las comisiones que se encargarán de darle tratamiento (probablemente las de Justicia y Asuntos Constitucionales).
Y luego convocar al plenario de comisiones con el objetivo de realizar un tratamiento exprés, prácticamente sin debate, para que el proyecto vuelve rápidamente al recinto (donde casi con seguridad sería rechazado).
Parece demasiado tarea para un plazo tan exiguo de tiempo. Y más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el oficialismo carece del apoyo político necesario. Por las dudas, Martínez ya abrió el paraguas con sus últimas declaraciones.
En este marco, la incertidumbre se apodera del centro de la escena. ¿Qué sucederá con el Consejo de la Magistratura a partir del próximo viernes 15 de abril? En el Frente de Todos no descartan pedirle una prórroga a la Corte Suprema para ganar tiempo y abrir una ventana de negociación y diálogo con la oposición.
