Mediante el decreto 810 publicado en el Boletín Oficial del distrito, se planteó que el archivo de las Madres contribuye en el proceso de memoria, verdad y justicia "mediante la recopilación, conservación y exposición de documentos que reflejan diferentes aristas de los actos y acontecimientos que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires durante la Dictadura Cívico-Militar, ocurrida entre los años 1976 y 1983".
"Dichos documentos permiten a las víctimas, personas allegadas y a la ciudadanía el acceso a la información, a fin de conocer la verdad sobre lo ocurrido y evitar la repetición de tales actos, garantizando el acercamiento a la justicia y a una reparación integral", se indicó.
En ese sentido, se recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se comprometieron "a disponer mecanismos efectivos y comprensivos para garantizar el derecho a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad en su conjunto”.
Entre esos principios se encuentra "el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias para asegurar la preservación física de los sitios de memoria y evitar la sustracción, destrucción o falsificación de imágenes, planos, documentos, archivos o cualquier otro tipo de información que pueda contribuir a la reconstrucción y evidencia de las violaciones a los derechos humanos".
A la vez, se indicó que "se dispone una serie de principios relativos a los sitios de memoria, según los cuales los Estados deben proveer un marco normativo preciso y adecuado que regule su identificación, señalización, recuperación, preservación y accesibilidad", marco que puede otorgarse "a través de la declaración de los sitios de memoria como patrimonio cultural o histórico".
