En el marco de la decimoquinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, este jueves por la noche el oficialismo de Balcarce aprobó con su mayoría automática un proyecto para solicitar al Senado de la Nación el "pronto tratamiento" al proyecto de ley referido a la sanción "a la práctica de bloqueos extorsivos a empresas".
La concejala de Juntos Claudia Higuera, autora del proyecto de comunicación, argumentó que es necesaria una pronta modificación en el Código Penal para "garantizar el derecho al trabajo y al abastecimiento", a costa de limitar la capacidad de que las y los trabajadores utilicen el método de protesta cuyo único fin es el de mantener y defender sus derechos laborales.
"Estas acciones provocan pérdidas, no solo a los afectados sino a toda la cadena de valor y a los usuarios finales", expresó Higuera. "El empleo de la fuerza en cualquier tipo de reclamo, ya sea sindical, gremial o autoconvocado, es totalmente incompatible con los derechos constitucionales", agregó.
Graciela Pilone, edil del Frente de Todos, refutó los dichos de su colega del macrismo asegurando que el derecho a huelga es "uno de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, y de sus organizaciones, ya que constituye un método legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales".
La legisladora de la oposición agregó que con este proyecto se pretende restringir "la libertad sindical de manera inadmisible al penalizar el legítimo derecho a huelga".
Asimismo, Pilone "corrigió" los términos expresados por la concejala del oficialismo, explicando que se debe decir propiamente "como un término adecuado 'piquetes de huelga', y no bloqueos extorsivos".
Haciendo un parangón con el conflicto generado en Argentina por el sector del campo hace 14 años en medio de la disputa por las retenciones a las exportaciones, Pilone expresó que "me acordé del bloqueo, del lockout patronal con sus cortes de ruta durante 129 días en el año 2008, cuando se evitó el paso de ambulancias, se tiraban la leche y las verduras en las banquinas. En ese momento se cortó la cadena de suministros, se desabasteció el mercado y peligraron los puestos de trabajo. Eso sí es violencia".
Asimismo desde el macrismo aseguran que "los bloqueos, las tomas de establecimientos y oficinas, el impedimento a los trabajadores que quieren desarrollar sus tareas y las presiones son violencia".
Finalmente esta comunicación se aprobó por mayoría, aunque en absoluto modifica la realidad de los balcarceños, pero que es parte del mecanismo de apoyo -a modo de "obediencia debida"- que el macrismo local debe mostrar a sus superiores políticos.
En concreto, la iniciativa impulsada por Rodríguez Machado, que también lleva las firmas de Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, entre otros, propone que las penas de reclusión o prisión oscilen entre los tres y ocho años.
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| "Son piquetes de huelga, no bloqueos extorsivos", expresó Pilone. |
Lo que argumenta el proyecto local
El escrito del bloque oficialista, cuyo expediente tiene fecha de ingreso el 28 de septiembre pasado, expresa que las acciones de protesta, lejos de buscar una solución a los problemas gremiales, "agravan la situación de las empresas provocando pérdidas y daños".Asimismo desde el macrismo aseguran que "los bloqueos, las tomas de establecimientos y oficinas, el impedimento a los trabajadores que quieren desarrollar sus tareas y las presiones son violencia".
Finalmente esta comunicación se aprobó por mayoría, aunque en absoluto modifica la realidad de los balcarceños, pero que es parte del mecanismo de apoyo -a modo de "obediencia debida"- que el macrismo local debe mostrar a sus superiores políticos.
El proyecto del Senado
La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, del PRO de Córdoba, junto a otros catorce legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley que propone sancionar con reclusión o prisión a las personas que, bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial. Asimismo, indica que quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.En concreto, la iniciativa impulsada por Rodríguez Machado, que también lleva las firmas de Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, entre otros, propone que las penas de reclusión o prisión oscilen entre los tres y ocho años.
