Entre esos episodios figura el intercambio de chats atribuidos a D'Alessandro, -del PRO, partido del cual es socio político la UCR- con un funcionario de la Corte y con un empresario del servicio de grúas de acarreo de vehículos en la ciudad de Buenos Aires, entre otros.
"La confianza de los ciudadanos en la calidad de sus instituciones y representantes es esencial para su legitimación", dijeron los dirigentes, quienes advirtieron que "cuando esa confianza es reemplazada por la sospecha, no son las instituciones ni los representantes quienes se desprestigian, es la Democracia misma la que se degrada, por lo que la transparencia en los actos de los funcionarios públicos es imprescindible para sostenerla".
"Hemos asistido en las últimas semanas a una serie de revelaciones de naturaleza periodística, y de aún no comprobada veracidad, que exhiben a funcionarios y altos magistrados en conductas que, de ser ciertas, merecen el más claro repudio de cuanto ciudadano que, comprometido con la vigencia plena de nuestro sistema político, haya", sostuvieron los convencionales nacionales Raúl Borrás, Carlos Lahiteau, Liliana Denot, Liliana Cichelli y Juan F. Armagnague.
Añadieron que "la única forma de despejar esas sombras es exhibir ante la opinión pública la real naturaleza de los hechos, ya sea en sede judicial en caso de corresponder o frente a una investigación parlamentaria que determine o deseche, en beneficio de la verdad, las responsabilidades políticas que pudieran haber tenido lugar".
"Es por eso, que los firmantes, Convencionales Nacionales de la Unión Cívica Radical, le solicitamos una urgente declaración de la Convención, fijando sin tibieza la posición política que los afiliados esperan y el legado histórico de nuestro partido impone".
