En esa línea, las barreras de las estaciones ubicadas en Ruta 2, 11 y 74 continúan levantadas y no hay cobro manual ni automático de los peajes, pese a que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria.
Días atrás, desde la empresa liderada por Ricardo Lissalde emitieron un comunicado en el que aseguraron que “desconocemos las razones del paro, pues se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, incluso al mes de diciembre lo hemos abonado con un incremento a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual".
En tanto, desde el sindicato liderado por el menor de los Moyano aseguraron que el paro se mantendrá “por tiempo indefinido” y hasta “que resuelvan nuestras demandas”, por lo que AUBASA solicitó sanciones por parte de la cartera que conduce Walter Correa.
“Ante los incumplimientos de los acuerdos anteriores, y habiéndose violentado la paz social acordada, asi como la ley de conciliación obligatoria, hace reserva de aplicar sanciones individuales correspondientes. Asimismo, esta parte detraerá de los haberes abonados y a abonarse los salarios no devengados como consecuencia de las medidas de accion directa adoptadas por la entidad sindical”, solicitaron desde el directorio a Trabajo.
Por otra parte, desde el punto de vista societario (los trabajadores tienen el 7% de las acciones), señalaron que “vistos los incumplimientos y daños causados por la entidad sindical, corresponde a la misma hacerse cargo, en su carácter de accionista, de las consecuencias que la misma ha generado y de los daños causados por la falta de recaudación en los días de paro y más aún, cuando ha incumplido el acuerdo de paz social y la conciliación obligatoria (…) Se hace saber que se impulsara la exclusión societaria del Sindicato por incumplir con sus deberes de Socio y ser responsable de la pérdida de recursos de la empresa”.
Ante ello, SUTPA lanzó un comunicado en el que calificó el pedido de un “grave intento contra los derechos fundamentales de los trabajadores”, que se remite a épocas de dictaduras.
Asimismo, desde el sindicato señalaron que “la conciliación obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esa instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio intimó a reincorporar (…) La conciliación es un instrumento para encauzar un conflicto y, en este caso puntual, la problemática sigue siendo la misma y está lejos de solucionarse”.
