El tribunal que juzgó y condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández y otros imputados en la llamada "causa vialidad" dará a conocer el próximo 9 de marzo los fundamentos de su veredicto y se abrirá durante diez días hábiles la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
Según anticiparon desde las defensas y la fiscalía, el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 será apelado, ante lo cual no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a 6 años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Pero como fija la ley, ahora tendrán que difundir los fundamentos completos de su veredicto, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes podrán apelar ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
A partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones, que deberán estar presentadas dentro de los 10 días hábiles desde la difusión de los fundamentos completos.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Ambos habían reclamado 12 años de prisión a la vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado, el de administración fraudulenta.
Además irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya "no es ni lawfare ni Partido Judicial" sino "un Estado paralelo y mafia judicial".
Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
